Más de 30 internos han vuelto a ver a sus familias en el centro penitenciario de Melilla desde la entrada en vigor el pasado jueves de la Orden del Ministerio del Interior para flexibilizar las medidas adoptadas para evitar la expansión del COVID-19 en las cárceles, según informa en una nota de prensa la Delegación del Gobierno. La orden, que contempla el regreso de las comunicaciones ordinarias, por locutorio, y la reanudación de los permisos de salida, siempre que se disfruten dentro de la provincia, solo afecta a las prisiones en fase 1 o 2. Las comunicaciones se están realizando con todas las garantías sanitarias, como la obligación de usar guantes y mascarillas por parte de familiares e internos, la desinfección de los locutorios entre comunicación y comunicación y una desinfección general una vez por semana.
Además se han reducido la capacidad del departamento de Comunicaciones al 50% aunque las visitas se han ampliado a seis días a la semana en varios turnos, mañana y tarde.
Permisos de salida
Desde la entrada en vigor de la Orden de Interior han comenzado a solicitar disfrutar de permiso los internos en el centro melillense. Solo se autorizan aquellos que se disfrutan en la provincia en la que se encuentra el centro penitenciario, cuatro hasta la fecha, y solo cuando los internos firman un conocimiento para permanecer en observación a su regreso durante 14 días o el tiempo que determinen los servicios sanitarios. Hasta la fecha ningún interno ha dado positivo por COVID-19 en la prisión de Melilla.
Vídeo-llamadas
Durante la crisis sanitaria y el cierre de los establecimientos al exterior, la ausencia de comunicaciones se trató de paliar aumentando a 15 el número de llamadas telefónicas a las que tienen derecho los internos, llamadas gratuitas para aquellas personas sin recursos.
Además, se repartieron teléfonos móviles para la realización de vídeo-llamadas. En la prisión de Melilla se realizaron 24 comunicaciones a través de este sistema, que tanto directores como internos han calificado de “éxito”.
Es intención de la Secretaria General regular su uso para que permanezcan como fórmula para las comunicaciones de las personas privadas de libertad.
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