Mohand aclara que la compra de las mascarillas retiradas la hizo De Castro, no Salud Pública

El consejero de Salud Pública, Mohamed Mohamed Mohand, considera “muy normal” que el pasado miércoles tuviera que retirar de forma inmediata una partida de mascarillas tras una alerta ministerial por no reunir no reunir los criterios mínimos de protección requeridos, y recordó que esto ya ha sucedido en otras autonomías del país. A preguntas de los periodistas, se refirió a estos dos aspectos para defender la compra de las mascarillas hace más de un mes por parte del presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, “en un momento en que había necesidad de abastecimiento”.
De esta manera, Mohamed Mohand aclaró que este material sanitario, que ahora ha habido que retirar tras ser entregado en diferentes dependencias de la Ciudad Autónoma, no fue una compra del área de Salud Pública, sino de Presidencia, tal y como el jueves denunció públicamente el PP.
No obstante, argumentó que “es muy normal y a muchas comunidades les ha pasado”, ya que “ha habido una serie de suministradores que se han aprovechado de la situación de necesidad de la población” y “hay administraciones que han acabado comprando con prisas productos defectuosos”, que “es el caso de la Presidencia de Melilla”.
Un poco antes, en otra comparecencia, la vicepresidenta primera de la Ciudad Autónoma, Gloria Rojas, se refirió en los mismos términos al señalar que “ha ocurrido en ocho comunidades de España, no solo en Melilla”, y alegó que “no es que [las mascarillas] fueran totalmente defectuosas, sino que la protección era algo menor”.

Más de 5.000
Tal y como confirmó el consejero de Salud Pública, algo más de 5.000 mascarillas de este tipo fueron entregadas a finales de abril, hace más de un mes, a la Policía Local, Bomberos y Protección Civil, si bien consideró que “no hay razón para pensar que haya podido haber un contagio” como consecuencia de su utilización.
Asimismo, dejó claro que lo sucedido con estas mascarillas FFP2 no se extiende a las más de 100.000 mascarillas quirúrgicas que la Ciudad Autónoma ha repartido a personas mayores y vulnerables en las farmacias y a empresas para sus trabajadores a través de una web habilitada, las cuales “sirven porque no están dentro de las que no cumplen la normativa vigente”.
Tras la retirada de las mascarillas, el sindicato CSIF ha expresado su preocupación y malestar por lo que considera una “falta de rigor” en la compra de este material distribuido a los trabajadores de la Ciudad Autónoma y dejó en manos de su servicio jurídico “las acciones judiciales oportunas”.

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