La secretaria de Organización del PSOE local, Sabrina Moh, afirma que la modificación de la Orden que regula la admisión de alumnos en los centros públicos y privado concertados que quiere aprobar el Ministerio de Educación "profundiza en la segregación de clases sociales". Es más, manifiesta que esta modificación va dirigida a "privilegiar el acceso a puestos escolares en centros concertados de aquellas clases sociales tradicionalmente vinculadas a dichos centros, especialmente, en ciudades como Ceuta y Melilla", subraya. "Esta modificación supone una restricción no establecida en la Ley y no aplicada a ningún otro criterio vinculado con los miembros que constituyen la familia", denunció Moh, que apuntó que los contenidos que se pretenden eliminar "no hacen más que dar un trato discriminatorio al alumnado de Ceuta y Melilla, frente al del resto de España, profundizando aún más en la segregación social, precisamente, en localidades, donde es más necesario el impulso de la igualdad y la equidad en la educación".
Todo ello, en opinión de los socialistas, vulnera tanto la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, como el Real Decreto 1635/2009 por el que se regula la admisión de los alumnos en centros públicos y privados concertados, los requisitos que han de cumplir los centros que impartan el primer ciclo de infantil y la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, especialmente el principio de igualdad en la elección de centro.
El principio de igualdad
Además, tal y como señala la número dos de los socialistas locales, "que se pretenda puntuar por estar ya en otra etapa educativa, sólo es aplicable a los centros que tienen educación infantil 0-3 años, volviendo a vulnerar el principio de igualdad". Ahondando en esta idea, Moh deja claro que "resulta abusivo que se dé mayor puntuación a que un pariente en tercer grado de consanguinidad o afinidad tenga o haya tenido vinculación laboral con el centro, que la circunstancia de familia numerosa de carácter general, discapacidad de un hermano, padre o madre, o renta económica baja".
"Lo que el PP pretende es impedir, de facto, que el alumnado de las familias con menor poder adquisitivo puedan acceder a determinados centros educativos, aunque residan justo al lado de estos centros", señaló. "Queda claro que la inclusión de estas circunstancias no recogidas en la Ley Orgánica, no hace más que perpetuar la segregación de clases sociales. Se rompe así el principio de igualdad que el artículo 86 de la ley contempla", recalcó.
Apositlló que "cambiar las zonas de influencia de los centros, puede permitir que las familias tengan más opciones de obtener plaza en un centro concertado, que en definitiva es lo que pretende esta modificación". En cuanto al hecho de que sea el centro el que opta por los criterios de expedición de la certificación, "elimina la objetividad y transparencia en el proceso”, advirtió Moh.
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