Imagen que muestra la situación de las viviendas en Melilla.
El Gobierno de Melilla ha considerado una “tomadura de pelo” el teléfono informativo que anunció la semana pasada la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez para resolver el problema de la vivienda.
“¿Después de siete años y medio en el gobierno piensan que la solución al problema de la vivienda en España es poner un número de teléfono para atender consultas?”, ha preguntado con asombro el vicepresidente primero y consejero de Fomento del Gobierno melillense Miguel Marín, que asegura que el Ministerio de Vivienda dispone de ese número de teléfono “desde hace décadas”.
En rueda de prensa, Marín ha tachado de “broma de mal gusto” esta iniciativa y señala que lo primero que hay que hacer para solventar el problema de la vivienda es construir más viviendas de protección oficial (vpo), “que es lo que no ha hecho el Gobierno socialista, y Melilla es un ejemplo”.
“No se ha puesto ni un solo ladrillo para vpo en Melilla. Y no se ha construido ni una sola vpo en siete años y medio”, ha denunciado.
En este sentido, el número dos del Ejecutivo melillense ha instado al Ejecutivo central a que apruebe las medidas propuestas por el PP para proteger a los propietarios de vivienda, que son “personas modestas la inmensa mayoría” en la ciudad autónoma.
Según ha explicado, si no se protege a los propietarios de estas viviendas, estos “no van a poner su vivienda en alquiler” debido a la “inquiokupación”.
Por otro lado, ha solicitado que se articule un mecanismo legal para que los okupas abandonen “esa casa que no es suya en 24 horas”.
El dirigente popular ha asegurado que, “si se hiciese eso, cientos de miles de viviendas que hoy día están cerradas, irían al mercado de alquiler, y ayudaría a reducir el precio del alquiler”.
“Eso es lo que tendría que haber hecho el Gobierno y no ha hecho”, ha afeado, acusando el Ejecutivo regional de “estar protegiendo a los okupas”.
Por último, ha instado al Gobierno central que ponga a disposición de las comunidades autónomas más terreno de propiedad estatal para construir viviendas.
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