La inversión estatal para el conjunto del país asciende a más de 783 millones de euros, revalidando los récords históricos de 2023 y 2024
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, una transferencia de 241.050 euros a la Ciudad Autónoma de Melilla para financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en el marco de una inversión global de 783.197.429 euros que el Estado distribuirá entre las comunidades y ciudades autónomas.
Esta asignación forma parte del nivel acordado de financiación, una herramienta clave para reforzar los servicios de atención a personas en situación de dependencia y que consolida la senda de crecimiento iniciada en 2021 tras años de recortes. Según el departamento que dirige Pablo Bustinduy, esta cifra revalida los récords presupuestarios alcanzados en 2023 y 2024, y supone casi triplicar la inversión estatal respecto a 2021, cuando el Estado aportó 283 millones de euros tras años de recortes que redujeron en más de 5.000 millones la financiación del sistema desde 2012.
La aprobación de esta financiación ha venido acompañada de la segunda vuelta legislativa del proyecto de ley de reforma del sistema de discapacidad y dependencia, que ahora se remite al Congreso de los Diputados. Esta reforma incluye medidas clave como:
El reconocimiento de la accesibilidad como derecho fundamental.
La compatibilidad entre el trabajo y la percepción de prestaciones.
La supresión del régimen de incompatibilidades en las ayudas a la dependencia.
La eliminación del plazo suspensivo de dos años para recibir prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar.
Además, esta iniciativa desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución, recientemente reformado, que reconoce los derechos de las personas con discapacidad.
El reparto de los fondos entre territorios se realiza siguiendo los criterios técnicos y demográficos aprobados por los propios gobiernos autonómicos en el Consejo Territorial de 2021, como parte del Plan de Choque para el impulso del SAAD. Estos criterios se agrupan en cuatro grandes fondos:
Fondo de estructura (145,8 millones): atiende a factores como la población potencialmente dependiente, coste de servicios, superficie o insularidad.
Fondo de gestión (175 millones): mide el número de personas atendidas, la agilidad administrativa o la inversión autonómica.
Fondo de cumplimiento de objetivos (262,4 millones): valora mejoras como la reducción de listas de espera o la calidad de los servicios.
Fondo de acreditación y calidad (200 millones): condicionado al cumplimiento de estándares en centros y servicios del SAAD.
Con esta distribución, el Gobierno de España busca incentivar la mejora continua en la gestión de la dependencia, a la vez que garantiza un acceso equitativo y de calidad a estos servicios esenciales en todo el territorio nacional, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
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