Melilla recibirá 83.212 euros del Plan Moves para fomentar los vehículos alternativos

El Gobierno ha aprobado la distribución territorial del Programa de Incentivos de Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves) y Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid se sitúan como las comunidades autónomas que recibirán mayor dotación debido a su mayor población. En el caso de Melilla, está previsto que reciba 83.212 euros. El Programa Moves está dirigido a incentivar la compra de vehículos alternativos, la instalación infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centro de trabajo. "El programa Moves es una pieza importante para hacer frente al incremento de emisiones de CO2, promoviendo un transporte sostenible no basado en combustibles fósiles", ha señalado el Gobierno
Como criterio de reparto territorial, el Ejecutivo ha tomado como referencia el padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE), entendiendo que se trata de un "referente estrechamente ligado a la movilidad".

Pueden ser beneficiarios de las ayudas del Moves profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y las entidades públicas vinculadas a ellas, así como las administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas de la Administración General del Estado.

Las ayudas deberán distribuirse entre un 20% y un 50% para la adquisición de vehículos alternativos y entre un 30% y un 60% para la implantación de infraestructuras de recarga (de este último porcentaje, como mínimo el 50% debe destinarse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida).

Cómo queda la distribución de las cuantías
De los 45 millones de euros presupuestados para el Programa Moves, Andalucía recibirá 8,09 millones; 7,3 millones Cataluña y 6,28 millones la Comunidad de Madrid. Tras estas tres comunidades autónomas, recibirán una mayor dotación la Comunidad Valenciana (6,28 millones), Galicia (2,61 millones), Castilla y León (2,34 millones), País Vasco (2,12 millones), Canarias (2,03 millones), Castilla-La Mancha (1,96 millones), Murcia (1,42 millones), Aragón (1,26 millones), Baleares (1,07 millones), Extremadura (1,04 millones) y Asturias (un millón).

Por debajo del millón de euros, están Navarra, con 621.520 euros; Cantabria, con 560.706 euros; La Rioja, con 304.734 euros, y las ciudades autónomas Melilla, con 83.212 euros, y Ceuta, con 82.091 euros.

Por su parte, la implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas deberá suponer entre el 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo pueden contar desde un 0% hasta un 10%.

Los importes de las ayudas para la adquisición de vehículos oscilan entre los 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en torno a los 5.000 euros.

Asimismo, también se exigirá a fabricantes, importadores de vehículos o puntos de venta un descuento mínimo de 1.000 euros en la factura, excepto para las compras de cuadriciclos y motos.

Las bases para pedir la ayuda, en los dos próximos meses
El Gobierno ha detallado que los incentivos para vehículos de gas se reservan para camiones y furgones, dado que las alternativas eléctricas no cuentan con el suficiente desarrollo.

En cuanto a los puntos de recarga eléctrica de vehículos eléctricos (públicos y privados) y a los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, las ayudas serán de un 30% o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario, estableciéndose un límite de 100.000 euros.

El Plan Moves también fija un límite de 200.000 euros de ayuda por beneficiario para la implantación de Planes de Transporte a los Centros de Trabajo con una ayuda del 50% del coste subvencionable.

Las bases reguladoras del programa (aprobadas por el Real Decreto 72/2019 que se publicó el 17 de febrero en el BOE) establecen el objetivo de dos meses para que las comunidades y ciudades autónomas lleven a cabo las convocatorias de ayudas, la resolución definitiva el pago a los destinatarios últimos del programa.

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