El Gobierno tramitó el año pasado en Melilla tres infracciones por vulnerar lo establecido en el artículo 23 de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana respecto al derecho de reunión. Lo más significativo es que las sanciones por organizar manifestaciones sin comunicación previa el año pasado fueron las más elevadas de todo el país, ya que en Melilla se recaudaron 4.500 euros por estas sanciones, una media de 1.500 euros cada infracción. En cambio, otras autonomías tramitaron más sanciones por esta causa, pero con una media en su cuantía bastante inferior a Melilla. Por ejemplo, en Andalucía se tramitaron 189 sanciones, con una recaudación total de 75.217 euros, lo que supone una media de 397 euros. Fue la región con más sanciones, seguida de Navarra, donde hubo 129 sanciones, con las que se recausaron 67.811 euros, (525 de media).
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