La plataforma ‘Melilla Feminista‘ ha reivindicado este jueves por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) «con total garantía para su persona».
Señalan que todas las localidades españolas «están obligadas por ley» a ofrecer y garantizar «el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo» conforme a la nueva Ley del Aborto a cualquier mujer que, «libremente, decide interrumpir su estado de gestación». Sin embargo, la plataforma lamenta que en los últimos años «este derecho se ignora» y «se deja de ofrecer en los hospitales públicos y concertados, haciendo imposible el ejercicio de interrumpir un embarazo no deseado».
«Un derecho que debería de ser de fácil acceso, gratuito y con plenas garantías, y que con su supresión impide que las mujeres tengan potestad sobre su cuerpo y las condenan a una maternidad que no quieren ejercer», denuncian, asegurando que en la actualidad se están dando casos de «episodios crecientes de acciones de presión en contra de las mujeres que quieren voluntariamente su derecho a la IVE». «Llamamientos» realizados desde asociaciones que «reciben fondos públicos y en los que se convoca para rezar a mujeres provida» en las puertas de los centros sanitarios donde las mujeres acuden a ejercer su derecho al aborto.
«Estas convocatorias están siendo permitidas por muchos ayuntamientos sin que ninguna administración se oponga, criminalizando e insultando a unas mujeres que ya están sufriendo bastante al enfrentarse a una decisión que nunca es fácil de tomar para ninguna mujer», denuncian.
También denuncian los recortes sanitarios, que suponen «un gravísimo atentado a la salud sexual y reproductiva y una pérdida de derechos y libertades de la mujer». En el caso de Melilla, la plataforma asegura que esta situación es «preocupante» por su situación de insularidad con respecto a la península y «la escasez de alternativas con garantías de seguridad».
Por todo ello, exigen a los responsables políticos que cumplan la nueva Ley del Aborto y «oferten este servicio en los centros públicos». De igual manera, que «se pongan en marcha las nuevas medidas que establecen que las comunidades autónomas deben organizar sus servicios sanitarios para que en todas las capitales de provincia se puedan practicar interrupciones, se realice la elaboración de un registro de personas profesionales sanitarias objetoras y se de prioridad a la sanidad pública frente a la privada» para poder ejercer el derecho al aborto.
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