Melilla se encuentra muy por encima de la media nacional en cuanto a agresiones a médicos en 2022, con una tasa que supone más del doble, y se sitúa como la cuarta región del país a la cabeza en esta estadística, que ha dado a conocer el Consejo General de Médicos (CGCOM) con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se ha conmemorado este domingo, 12 de marzo.
En España, las cifras baten el récord histórico de agresiones a la profesión médica, con 843 acciones violentas comunicadas a los colegios de médicos, lo que supone un 38% más que el año anterior. El Observatorio Contra las Agresiones del CGCOM recogió en 2022 un total de 843 agresiones, 231 más que el año anterior, lo que sitúa la cifra total desde 2010 en 6.492 agresiones.
De esas 843 agresiones, dos corresponden a Melilla, donde hay 323 médicos colegiados. El total de agresiones por cada mil colegiados en nuestra ciudad es de 6,19, lo que supone más del doble que la media nacional, situada en 2,87.
Para el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) el Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios debe servir para manifestar y volver a declarar nuestra tolerancia cero frente a esta lacra. Así, desde este organismo sanitario animan a los profesionales sanitarios a comunicar cualquier tipo de agresión sufrida en su trabajo, sea física o verbal, y recuerdan que lo que no se denuncia no existe.
El Ingesa dispone de protocolos para que la persona agredida ponga en conocimiento la agresión y reciba asesoramiento para emprender acciones legales, siempre manteniendo el anonimato.
Todas las solicitudes son tramitadas por la Gerencia y remitidas a la Dirección Territorial que posteriormente las envía a la Asesoría Jurídica Central junto a la denuncia ante la Policía.
Además, el Ingesa dispone desde el 2017 de la figura del Interlocutor policial sanitario, quien es informado de cualquier agresión en los centros sanitarios.
La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial es considerada como un delito de atentado por los tribunales de justicia.
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