La consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri, reconoció ayer que los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma están estudiando la posible incidencia que pueda tener en la administración melillense la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contraria a que los funcionarios municipales en cargos públicos perciban retribuciones en concepto de antigüedad y residencia además de sus sueldos. Melilla no incluye estos gastos en los Presupuestos de la Ciudad. En declaraciones a la prensa, Almansouri reconoció que desde que se tuvo constancia, se está estudiando el contenido de la sentencia y ver, “desde el área jurídica, cómo afecta, porque en Melilla no se incluye el pago del plus de residencia ni a los cargos públicos ni a los directores generales, así que vamos a estudiar el alcance”.
No pudo concretar cuántas personas se podrían ver afectadas por la aplicación de esta sentencia, pero sí que reconoce que “serían casos muy puntuales de pocos miembros”.
El motivo es que “los cargos públicos en Melilla no cobramos ni el plus de residencia ni los trienios, porque es algo lógico, por el tiempo de permanencia en el cargo”. Se comprometió a informar “si hay alguien que tiene que devolver” estos ingresos percibidos indebidamente, aunque apostilló que en los presupuestos de la Ciudad no se incluyen estos gastos.
Sentencia
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado contraria a derecho la base de ejecución de los Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Ceuta que desde hace veinte años permite a los funcionarios de carrera en situación de servicios especiales como miembros del Gobierno autonómico el cobro de la indemnización por residencia además de sus remuneraciones ordinarias, entre 1.000 y 1.500 euros mensuales.
El TSJA ha estimado el recurso interpuesto en 2017 por Ciudadanos (Cs) contra el pago de ese plus al presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), y otros consejeros, directores generales y altos cargos al considerar que contraviene lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local sin que la administración local pudiese ampararse para sostenerlo en su Estatuto de Autonomía o cualquier otro desarrollo normativo propio. En total, el recurrente ha cifrado en "alrededor de medio millón de euros" el dinero que Vivas y distintos consejeros y miembros de su actual Ejecutivo y los dos anteriores tendrían que restituir a la hacienda local por "cobros indebidos reintegrables".
La Sala ha anulado la base de ejecución de los Presupuestos de la Ciudad que habilitaba a los funcionarios de carrera que ocupasen los cargos de vicepresidentes de la Asamblea, presidente de la Ciudad, consejeros, viceconsejeros, directores generales, jefe de Gabinete y subdirectores generales a "percibir las retribuciones que les correspondan en concepto de antigüedad y residencia" junto con sus remuneraciones presupuestadas.
Ceuta recurrirá
"De lo que se trata", concreta el veredicto, "es de fijar las retribuciones correspondientes no de funcionarios que se desplazan para ocupar sus destinos, sino de quienes de forma voluntaria consienten en participar en procesos electorales con objeto de formar parte de la Asamblea de Ceuta".
"Para estos, su situación económica una vez electos no puede diferir de la prevista en la legislación estatal aplicable al régimen local, en donde no se contempla efectivamente normativa que ampare que sea la Ciudad la que se haga cargo de las retribuciones originadas en otras Administraciones Públicas. Esto es, su régimen no puede ser distinto al del resto de corporaciones locales", concluye.
El Gobierno de Ceuta va a recurrir la sentencia del plus de residencia ante el Tribunal Supremo y lo hará presentando un recurso de casación ante dicho órgano judicial. El Gobierno pretende evitar tener que pagar unas cantidades elevadas que se le exigen.
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