La Ciudad Autónoma se reunirá el próximo lunes con jueces y fiscales para mejorar todo el procedimiento relativo a la clausura de almacenes ilegales que, pese a tener una orden administrativa de cierre por carecer de los permisos necesarios para ejercer su actividad, continúan adelante con esta. Esta reunión tendrá lugar después de que esta semana se incendiara durante más de 12 horas un almacén “ilegal e ilegalizable” ubicado en los bajos de un edificio residencial del Barrio del Real, obligando a desalojar a las 18 familias que vivían en el inmueble con un contrato de arrendamiento.
A preguntas de los periodistas, el consejero de Coordinación y Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, explicó que a esta reunión acudirán él y el consejero de Seguridad Ciudadana, Isidoro González, áreas implicadas en este asunto, ya que en Melilla “hay un grupo numeroso de personas que no acatan” las órdenes de cierre.
Ello obliga a que “sean los jueces y fiscales los que entren en el tema”, hasta el punto de que la Fiscalía ha anunciado la apertura de “una investigación penal” por el caso del almacén ilegal incendiado el pasado lunes.
Extraer agua del sótano
Sobre este caso en concreto, Quevedo informó de que la Policía Científica se puso en contacto con él ayer para que la Ciudad Autónoma prestara ayuda para extraer del sótano del inmueble afectado el agua y la espuma utilizada por los Bomberos para extinguir el incendio, dada la imposibilidad de empresas privadas de realizar este trabajo.
Además, señaló que los inquilinos han contratado una abogada para la defensa de sus intereses ante el propietario del inmueble, que es con quien tienen la relación contractual, ya que no se está cumpliendo en los términos acordados entre ambas partes.
También han recurrido a la contratación de un arquitecto privado para que estudie el estado en el que ha quedado el edificio y determine si hay necesidad de llevar a cabo refuerzos o apuntalamientos tras haber ardido durante más de 12 horas en sus bajos.
Tutelando la operación
El consejero explicó que la Ciudad Autónoma “está tutelando la operación” y colaborará en lo que se le pida, como ocurrió ayer, pero insistió en que “el seguro y el propietario del edificio deben ir haciéndose cargo de sus responsabilidades”, dado que la Administración melillense “no ha tenido nada que ver ni es el causante”.
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