Un total de 9.525 empleados públicos se verán beneficiados en Melilla por el incremento retributivo del 2% del sueldo a este colectivo laboral, que se llevó a cabo la semana pasada y que cuenta con carácter retroactivo al 1 de enero de este año. De ellos, 8.250 pertenecen a la administración pública estatal y 1.042 personas pertenecen a la administración local, mientras que en el conjunto del país, va a beneficiar a 2,5 millones de personas y el coste total estimado de la implementación de este Real Decreto-ley asciende a 3.212 millones de euros.
Contempla también un incremento salarial adicional en función de la evolución del Producto Interior Bruto (PIB), en el caso de que éste sobrepase el 2% de tasa interanual, con efectos de 1 de julio de 2020. Este incremento adicional alcanzaría hasta el 1% si el PIB fuera igual o superior al 2,5%. En todo caso, el Gobierno ha revisado a la baja esta expectativa de crecimiento en la Actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022, por lo que este incremento adicional estará condicionado al dato definitivo de crecimiento del PIB.
La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha puesto en valor la convalidación del Real Decreto Ley y ha recalcado que la medida es una de las primeras adoptadas por el Gobierno, dando cumplimiento así a los acuerdos firmados en 2018 por el anterior Gobierno con los representantes sindicales de la Función Pública.
La máxima representante del Gobierno de España en Melilla ha reivindicado la importancia de la entrega y dedicación al servicio público y ha resaltado el compromiso de los empleados públicos con la sociedad a la que prestan servicio y de la que son parte fundamental. Así ha tenido muy presente la labor de educación a nuestros hijos, de garantes del cuidado de nuestra la salud y el bienestar de nuestros mayores, de la responsabilidad de velar por nuestra seguridad.
“Conozco en primera persona la disposición y la dedicación constante al servicio de la ciudadanía y reivindico la importancia que tienen la voluntad y el compromiso de servicio público. Es de justicia reconocer el papel de los trabajadores del sector público para hacer efectivos los derechos de nuestra ciudadanía, especialmente años atrás, donde las consecuencias de los recortes aún son visibles en algunos sectores de nuestra sociedad”, ha apuntado.
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