Más claridad y menos confusión

Con el intento del Ministerio de Sanidad de imponer sus propias normas anti-covid a las distintas regiones, a pesar de no haber logrado el necesario consenso en la Comisión Interterritorial, ha conseguido únicamente liar aún más a los ciudadanos, que ya no saben a qué administración hacer caso sobre las restricciones: si a la autonómica o a la central. En Melilla, por ejemplo, hay claras diferencias en horarios y números de personas permitidas en encuentros sociales, con los que quiere fijar el departamento que dirige Carolina Darias.

Una de las consecuencias más inmediatas ocurrió ayer con la decisión de la Audiencia Nacional, que acepta las medidas cautelosísimas solicitadas por el Gobierno regional en el recurso presentado contra las medidas sanitarias aprobadas por el Ministerio de Sanidad, acordando su suspensión en el ámbito de la región.

Los magistrados argumentan que, si no se adoptara ahora la medida cautelosísima, y se esperase a la adopción de una medida tras la tramitación ordinaria de la pieza separada de medidas cautelares, «el escenario de incertidumbre se vería seriamente agravado y perjudicado si se admite un cambio en el nivel de restricciones».

«Se generarían así tres niveles distintos de restricción en un lapso temporal breve, lo que no es fácilmente justificable para el ciudadano, destinatario último de la protección pública ínsita en la discusión que nos ocupa», recalca la Sala.

En su recurso, el Ejecutivo madrileño subrayan «el perjuicio que se deriva como consecuencia de la invasión de competencias que ha supuesto la Orden de la ministra» e inciden en que ostentan la competencia para la adopción de medidas especiales en materia de Salud Pública.

Consideran que «sumir al ciudadano en un régimen de medidas voluble, impuesto sorpresivamente sin razón alguna, sustituyendo de un día para otro la regulación existente, es una afrenta clara a la seguridad jurídica».

Es ahí donde está en el quiz de la cuestión: la manera en la que le Gobierno central ha llevado a la máxima confusión a los ciudadanos, ante unas normas de obligado cumplimiento para combatir el covid. A Sanidad se le ha ido de las manos su intento de imponer sus propias normas, y eso no se lo puede permitir en un momento como el que vivimos, en el que debe haber una voz lo más clara posible sobre lo que se puede hacer y lo que no.

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