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“Que todo el peso de la Ley caiga sobre las personas que hayan podido cometer delitos”. El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, reaccionó ayer de esta manera apenas unas horas después de que MELILLA HOY diera a conocer que el exsecretario general del PSOE en nuestra ciudad y actual diputado autonómico, Dionisio Muñoz, se enfrenta a una pena de 28 años de cárcel si es condenado por los siete delitos por los que será enjuiciado en el llamado caso ‘voto por correo’. Según Marín, es necesario dejar que la Justicia actúe, sobre todo con “delitos de este tipo”, con los que “se engañaron a muchísimas personas con un sueño, un deseo, la necesidad que es tener un trabajo”.
El número dos del Ejecutivo melillense mostró su rechazo al caso del voto por correo, por el que buena parte de los responsables del PSOE de hace unos años, entre ellos los dos actuales diputados en la Asamblea, están imputados por su presunta implicación en la trama que, según apuntan las investigaciones de la Guardia Civil, pudo orquestarse en la campaña de las elecciones generales de 2008 para la “obtención ilegítima” de votos a cambio de un puesto en los planes de empleo.
Para Marín, este caso, “además de ser punible desde el punto de vista legal, es despreciable” porque es “totalmente mezquino jugar con las necesidades y el hambre de las personas”.
Por ello, a preguntas de los periodistas, Marín dijo que espera y desea que “la Ley actúe y que todo el peso de la Ley caiga sobre las personas que hayan podido cometer un delito”. Además, recordó que la presunta implicación de Muñoz y de su compañero de grupo parlamentario en la Asamblea “ha salido a debate en muchas ocasiones”.
En el caso de Muñoz, recordó que está procesado y “pendiente de sentarse en próximas fechas en el banquillo de los acusados”.
Cabe recordar que Dionisio Muñoz está imputado por siete presuntos delitos, concretamente delito electoral, contra la administración pública, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude. La suma de todos ellos podría suponerle una pena de 28 años de prisión en caso de que sea condenado.
Operación Ópera
Por otro lado, respecto a la Operación Ópera, reiteró que el Gobierno local confía “plenamente en la Justicia en mayúsculas” y está convencido de que el caso “quedará en nada”.
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