El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, criticó ayer que la Justicia esté llevando al ámbito penal cuestiones administrativas derivadas de la gestión de la Administración local, por las cuales han sido imputados varios miembros del Ejecutivo en esta legislatura.
A preguntas de los periodistas, Marín afirmó que la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de dar luz verde al procesamiento de la consejera de Bienestar Social y Sanidad, María Antonia Garbín, y de 14 técnicos de este departamento, es “más de lo mismo”.
Recordó que estas imputaciones por un presunto delito de prevaricación administrativa son “por seguir contratando a abogados” en la Ciudad Autónoma, como esta administración lleva haciendo desde 1998, lo cual es un asunto “puramente administrativo”.
“Esa es la clave, por eso decimos que esto es más de lo mismo, porque llevan al ámbito penal cuestiones administrativas por el procedimiento de contratación de unos profesionales”, explicó el número dos del Gobierno, que está imputado en otro procedimiento judicial similar a éste.
Para argumentar su teoría, Marín recordó que Marín y los 14 técnicos de Bienestar Social no está imputados por “haberse llevado dinero”, ni por haber robado, ni porque se les hayan detectado “cuentas en Suiza” o porque tengan propiedades en lugares como la Costa del Sol u otros países.
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