“Esto que han hecho de manera arbitraria tiene nombres en el Código Penal: malversación y prevaricación”. De esta forma, el portavoz del PP, Miguel Marín, señaló las presuntas irregularidades que, a su juicio, se podrían haber cometido en la licitación del contrato de vigilancia privada, según dijo, “a dedo” y por 60.000 euros más al mes que el anterior contrato “por hacer lo mismo”.
Ello ha supuesto un desembolso de “800.000 euros de más a la misma empresa”, pasando de 4,2 millones de euros a 5. La consejera de Presidencia, Gloria Rojas, respondió diciendo que daba igual lo que ella pudiera comentar, pues el PP “ha sentenciado”. Acusó a dicho partido de judicializar la vida política porque “no asumen que estamos en el Gobierno”. Y dejó claro que lo que firmó estaba avalado por informes positivos.
El PP también llevó al Pleno de Control otros contratos polémicos, como el de socorrismo, la ampliación del centro de La Purísima, el laboratorio covid y la grúa. Sobre los dos últimos, el Gobierno no dio pio al debate porque contestará por escrito, lo que originó las protestas de los populares.
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