Marín considera una “humillación” a las FyCSE la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para “quitarles autoridad” en sus actuaciones en frontera

(Imagen del salto masivo a la valla que sufrió Melilla en marzo de 2022, el más numeroso de su historia con más de 2.500 inmigrantes subsaharianos intentando entrar a territorio español)

Una “traición y humillación total a los españoles”.

De esta forma ve el vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma de Melilla, Miguel Marín, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana pactada esta semana entre el Gobierno de España y EH Bildu.

“Es una humillación para las víctimas de ETA, para sus familiares, sus amigos y para los millones de demócratas que hay en nuestro país. Es una humillación total”, ha dicho tajante ante los medios, criticando que se ceda “a los herederos de ETA (en referencia al partido abertzale) la ley que debe velar por la seguridad de todos los españoles”, así como ve una “grave irresponsabilidad quitarles autoridad” a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FyCSE) que actúan en la frontera entre España y Marruecos en Melilla.

“Es inadmisible que se les quite esa seguridad jurídica a los policía nacionales y guardias civiles para actuar en frontera”, ha denunciado Marín, que considera “muy negativo” este hecho para el devenir de la ciudad y del país.

Marín se hace eco de una publicación que el diario norteamericano ‘The Economist’ ha realizado sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtiendo que el líder socialista “se aferra al poder a costa de la democracia.“Creo que ha descubierto quién es Sánchez”, ha valorado, asegurando que el jefe del Ejecutivo central es “capaz de hacer cualquier cosa por seguir sentado en el sillón de la Presidencia del Gobierno a costa de lo que sea”.

Una polémica reforma que afecta a Melilla

La reforma de la Ley de Seguridad que este jueves ha pactado el Ejecutivo central con EH Bildu contempla acabar con el uso de las actuales pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad, acabar con la «discrecionalidad» en la imposición de sanciones administrativas por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia y también presentar en un plazo de seis meses una reforma de la Ley de Extranjería para poner fin a la conocidas como ‘devoluciones en caliente’ de migrantes en frontera.

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