El Gobierno afirma que las imágenes de seguridad correspondientes a los saltos de la valla de Melilla que tuvieron lugar los días 13 y 30 de agosto "ya no están disponibles" porque "se conservan conforme a los plazos establecidos" en la Ley de videovigilancia, norma que impone la destrucción al cabo de 30 días salvo que exista un procedimiento judicial al respecto, como era el caso, pues el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla estaba investigando una denuncia por devoluciones en caliente.
Según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, el diputado de Amaiur Jon Iñarritu registró una petición por escrito en el Congreso el pasado 1 de septiembre para acceder a lo que grabaron las cámaras de seguridad de la zona fronteriza de Beni Enzar durante el salto en grupo que se produjo el 30 de agosto. Pedía las imágenes rodadas entre las cuatro de la mañana y las cinco de la tarde para comprobar "las expulsiones sumarias".
El 5 de septiembre volvió a registrar una petición similar, para solicitar "las grabaciones completas de vídeo de todas las cámaras del perímetro de la valla de Melilla del día 13 de agosto", cuando había tenido lugar otro salto de inmigrantes en grupo y se produjeron devoluciones sumarias de los mismos a Marruecos, conforme los vídeos que difundió la ONG Prodein para documentar esta práctica.
Aunque según el reglamento de la Cámara el Gobierno tiene un plazo máximo de 30 días para contestar a las preguntas por escrito, la respuesta del Ejecutivo no se ha producido hasta el 23 de diciembre, tres meses y medio después.
De forma agrupada, contesta a los dos requerimientos con un solo escrito: "Las imágenes captadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se conservan conforme a los plazos legalmente establecidos en la Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos. Por este motivo, las grabaciones solicitadas por su señoría ya no están disponibles".
Esta norma contempla en su artículo octavo que "las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto".
En el caso del salto del 13 de agosto sí existía tal procedimiento, pues tres ONG (Prodein, Andalucía Acoge y SOS Racismo) habían denunciado el 20 de agosto ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla las devoluciones en caliente de migrantes que se ejecutaron aquel día, querella que fue admitida a trámite.
El Juzgado, que la segunda semana de septiembre imputó, entre otros, al Coronel Jefe de la Guardia Civil en la ciudad autónoma y a principios de octubre le tomó declaración, aún no ha cerrado el caso. El auto de imputación fue recurrido por el Fiscal y el Abogado del Estado y el recurso se encuentra ahora en espera de resolución en la Audiencia Provincial, según fuentes de la defensa consultadas por Europa Press.
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