Los vídeos de la valla sobre el salto masivo investigado los tiene el juez Lamo de Espinosa

El Juzgado de Instrucción número 2, que investiga el caso de las supuestas devoluciones en caliente, tiene en su poder los vídeos de la valla del intento de salto del 13 de agosto de 2014 que investiga. Así lo aseguró ayer el Gobierno en una respuesta parlamentaria publicada ayer en el Boletín Oficial de las Cortes a una pregunta del diputado de Amaiur Jon Iñarritu, que hace varios meses había pedido una copia de estas grabaciones y el Gobierno le respondió que ya no estaban disponibles. El caso generó enorme polémica a principios de este año, ya que este salto masivo era uno de los que estaba investigando el juez Emilio Lamo de Espinosa mientras mantenía imputado al coronel jefe de la Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor. Algunas ONG y partidos políticos, al conocer la respuesta del Gobierno, pusieron el grito en el cielo. Entre ellas, Prodein, cuyo responsable, José Palazón, llegó a decir en las redes sociales que este hecho era “un escándalo y seguramente será valorado por los jueces en sus decisiones”. “Es una chorizada más de estos impresentables. Ocultar y destruir pruebas no creo que les beneficie demasiado”, afirmó Palazón entonces.

Sin embargo, a juzgar por la respuesta que el Gobierno acaba de ofrecer, resulta que los vídeos no fueron borrados porque obran en poder del juez que investiga el caso: “En relación con los hechos de fecha 13 de agosto de 2014, cabe indicar que las grabaciones disponibles fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, que instruye las correspondientes diligencias”, asegura el Ejecutivo en una escueta respuesta a otra pregunta del diputado Iñarritu.

Asimismo, explica que “las imágenes captadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se conservan conforme a los plazos legalmente establecidos en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos”.

Hay que recordar que el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, explicó hace varios meses que las imágenes se conservan durante 15 días y después se procede a su borrado, salvo que haya una solicitud judicial.

El pasado mes de enero, el Gobierno respondió que las imágenes se conservan conforme a los plazos establecidos legalmente, y “por ese motivo, las grabaciones solicitadas por su señoría [Iñarritu] ya no están disponibles”. Por la contestación que da ahora, puede deducirse que muy probablemente la única copia que haya de aquella grabación del 13 de agosto la tenga el juez.

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