Un total de 16 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, tras la celebración de unas jornadas en Oviedo, protestaron por la situación que están viviendo los magistrados a raíz de la crisis en Cataluña: «Sedes judiciales cercadas, jueces y demás servidores públicos hostigados, persecución del diferente, mandatos judiciales incumplidos» que consideraron como «ataques frontales al Estado de derecho». Al final de la declaración, expresan su «respeto, solidaridad, y apoyo» al presidente del TSJC, a sus «magistrados y jueces y a todos los demás servidores públicos», Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, un total de 16 debido a la ausencia del titular de Cataluña, tras la celebración de unas jornadas en Oviedo, protestaron por la situación que están viviendo los magistrados a raíz de la crisis en Cataluña: “Sedes judiciales cercadas, jueces y demás servidores públicos hostigados, persecución del diferente, mandatos judiciales incumplidos” que consideraron como “ataques frontales al Estado de derecho”.
La declaración institucional realizada por los jueces bajo el título “La Constitución no es un límite para la democracia sino su mayor garantía”, que fue aprobada por unanimidad, apoya íntegramente el orden constitucional de 1978, y afirma que la mayor grandeza de dicho sistema constitucional es “poder defender cualquier idea, aunque sea contraria al propio orden constitucional”, si bien precisan que dicha defensa debe de hacerse siempre desde el marco legal y respetando “el imperio de la ley”.
Según este documento, que las resoluciones judiciales queden sin efecto supone ceder a la tiranía de unos pocos; dejar en “papel mojado” las resoluciones judiciales supone ir en contra del estado de derecho.
Apoyo a los magistrados
Al final de la declaración, los dieciséis presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia expresan su “respeto, solidaridad, y apoyo” al presidente del Tribunas Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, a sus “magistrados y jueces y a todos los demás servidores públicos”, quienes “pese a las presiones sufridas, se mantienen firmes” en la defensa del Estado de derecho.
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