Los transportistas se sienten “estafados” y afirman que no pueden trabajar sin las tarjetas identificativas

Cerca de 400 transportistas, que perdieron hace un mes su tarjeta de transporte por una orden judicial que llegaba desde el Juzgado de Tarragona y que se encontraba bajo secreto de sumario, denuncian que “hemos sido estafados por una empresa que utilizaban nuestras identidades y firmas para desarrollar un negocio paralelo”. Del mismo modo, los afectados indican que “no podemos seguir trabajando porque no tenemos tarjetas y no se devolverán”. Las incógnitas del porqué se estaban retirando tarjetas de transporte en el puesto fronterizo de Barrio Chino y porque algunos de los transportistas estaban siendo llamados a declarar comienzan a disolverse al conocer, recientemente, que han sido víctimas de una estafa.
Uno de los afectados indica a este medio que “nos han robado a mano alzada” y explica que “cuando algunos de nosotros hemos ido a declarar a Comandancia, nos enteramos que todo esto es porque han utilizado, sin nuestra autorización y de manera ilegal, nuestra identidad y firma para realizar negocios paralelos, como ha sido el alquiler de camiones y furgonetas a nuestro nombre y con nuestras tarjetas, que son legales”.

Pérdidas de dinero
Pero el problema no solo se encuentra en que han sido estafados por una persona o empresa de Tarragona, lugar de donde procedía la orden judicial de retirada de sus tarjetas, sino que las pérdidas siguen aumentando con el paso del tiempo.
“Sin tarjetas no podemos trabajar y la Guardia Civil nos dice que no nos la pueden devolver; es más, creemos que siguen retirando en el puesto fronterizo”, mantiene el transportista afectado. De este modo, agrega que “además, ahora tenemos que denunciar, para que se tomen medidas y nos den soluciones, pero son días sin trabajar y si nos diesen algo, o devolviesen la tarjeta o su valor, podríamos hablar de entorno a unos 700 euros, cifra que no es lo que realmente ha costado poner en regla la tarjeta porque estaríamos hablando de más de 1.000 euros”.
Hasta ahora, detallan que la cifra de afectados rondan alrededor de los 400 usuarios, pero que “puede que haya más”. Tan solo queda “denunciar y esperar al juicio”.

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