Los secretarios judiciales alcanzan un acuerdo con Justicia y desconvocan la huelga

Los letrados de la Administración de Justicia se reincorporan este miércoles a sus puestos de trabajo tras más de dos meses de huelga

Más de dos meses después de que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) convocaran una huelga indefinida a modo de presión para que el Ministerio de Justicia ejecutase «los acuerdos» que este último organismo público alcanzó con los LAJ para una mejor retribución económica, esta ha llegado a su fin después de que el Comité de Huelga haya alcanzado este martes un acuerdo con la cartera que lleva Pilar Llop para un incremento salarial en este colectivo, que va a ser de 430-450 euros brutos al mes, según el nivel, en tres plazos: una con carácter retroactivo al 1 de enero de 2023, otra a enero de 2024 y una última a julio de 2024.

Así lo han confirmado a este Diario fuentes cercanas a los huelguistas, que afirman que este miércoles se reincorporan a sus puestos de trabajo todos los letrados LAJ, tanto en Melilla como en el resto del país, «con la misma vocación de servicio público que siempre hemos demostrado».

Aunque reconocen que ha habido «cesiones» y que aún quedan pendientes «muchas reivindicaciones estatutarias» que consideran «prioritarias», se muestran satisfechos por la «unión demostrada» y la «fuerza» de un colectivo de funcionarios A1 de alta cualificación.

Así pues, lamentan que, a pesar de «lo justo» de sus reivindicaciones, han tenido en contra «no sólo inicialmente al Ministerio, sino también a otros colectivos, fundamentalmente de los sindicalistas generalistas, cuya obligación es la defensa de todos los trabajadores y también nuestra y que, sin embargo, lejos de la defensa o abstención, se han manifestado diariamente en contra» del colectivo.

Desde este colectivo expresan su agradecimiento a los medios de comunicación por la «difusión» y el «traslado de información veraz en más de una ocasión» de la huelga de los LAJ y de sus reivindicaciones «sin juicios de valor ni reproche a pesar de la inevitable paralización de un servicio público esencial y del perjuicio ocasionado a la ciudadanía».

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