Los recursos humanos para la Defensa

El pasado 17 de diciembre tuvo lugar en el Ministerio de Defensa una reunión extraordinaria del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas en el que las Asociaciones Profesionales representadas en el mismo (ASFASPRO, AUME, ATME, UMT y APROFAS) esperaban recibir alguna buena noticia en los aspectos que más preocupan a los profesionales de las Fuerzas Armadas, como son las retribuciones, el acceso a la vivienda y el apoyo para la movilidad geográfica. Según han manifestado con posterioridad al menos tres de ellas, sus expectativas se vieron frustradas pues no se vieron satisfechas ninguna de las inquietudes con las que acudieron a esta convocatoria extraordinaria.

El último informe anual del Observatorio de la Vida Militar, correspondiente al año 2024, ya había puesto de relieve los asuntos indicados como los más preocupantes para los profesionales de las Fuerzas Armadas. También en ese informe se había puesto de manifiesto que estas dificultades, en forma de progresiva reducción del poder adquisitivo como consecuencia de unas retribuciones que no se ven aumentadas de manera correspondiente al alza de los precios y las dificultades para la conciliación familiar derivadas de la dificultad de acceso a la vivienda y de apoyo a la movilidad geográfica, estaban teniendo un efecto negativo en la capacidad de atracción de las Fuerzas Armadas para los jóvenes, habiéndose alcanzado al comienzo del año 2025 la cifra más baja de efectivos de los últimos veinte años, con un total de 116.000 militares, cuando la ley permitiría alcanzar hasta los 140.000, lo cual se considera deseable por diferentes razones.

Por una parte, por el incremento del número de dominios de eventual actuación de las Fuerzas Armadas con las amenazas en el ciberespacio o en el espacio ultraterrestre, así como por el incremento del número de sistemas de armas y de combate asignados a las Fuerzas Armadas. Por otra parte, por la necesidad de disponer de los suficientes recursos humanos que permitan que las crecientes medidas de conciliación familiar solicitadas por los profesionales en forma de reducción de jornada, permisos parentales u otras no representen una sobrecarga excesiva sobre los profesionales que no se acojan a ellas y sobre los que descansa el mantenimiento de la capacidad operativa plena de las Unidades.

El régimen laboral del personal profesional de las Fuerzas Armadas en España se regula por dos normas básicas, la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería y la Ley 39/2007 de Militares de Carrera. Las leyes precedentes, la 17/1989 y la 17/1999 tuvieron una vigencia de 10 y 8 años respectivamente. Parece necesario que tras 18 y 19 años respectivamente, las normas actualmente vigentes sean sometidas a una revisión que permita adaptarlas adecuadamente a la situación actual de nuestros profesionales y de nuestra sociedad.

La falta de Presupuestos Generales desde 2022, último año en el que el Gobierno cumplió con su obligación Constitucional de presentarlos ante Las Cortes, hace imposible que el Parlamento pueda incidir en estas líneas de actuación, que afectan a las profesionales de las Fuerzas Armadas, mediante sus propuestas o enmiendas.

Ante la situación geoestratégica en nuestro continente que lleva a los países de nuestro entorno a adoptar diversas medidas para aprestarse ante un eventual conflicto que pudiera tener como escenario el centro de Europa, algunos países han incrementado ostensiblemente sus presupuestos de defensa, algunos han promovido medidas para recuperar alguna modalidad de servicio militar obligatorio y todos han puesto de manifiesto la necesidad de reflexionar sobre nuestra seguridad nacional y colectiva.

En lo que se refiere a España, nuestro Gobierno mantiene una postura que no acaba de alinearse totalmente con el conjunto de nuestros aliados. Por diversas razones, motivadas fundamentalmente por la debilidad parlamentaria con la que el Presidente Sánchez decidió acometer esta Legislatura, nuestro Gobierno ofrece una imagen de nuestra nación, que, por no calificarla de manera agresiva, podría definirse como de falta de coherencia.

Por un lado, decimos que se ha de apoyar a Ucrania frente a la ilegal invasión de Rusia, cueste lo que cueste y por el tiempo que sea necesario y cuando los países de la Alianza Atlántica se comprometen a enviar un mensaje cohesionado a Vladimir Putin de estar dispuestos, “todos”, a acometer un esfuerzo sin precedentes para incrementar nuestras capacidades de defensa frente a sus amenazas, nos colocamos, literalmente, al margen de ese mensaje de cohesión, asegurando que nosotros vamos, teóricamente, por una vía de menos esfuerzo, aunque, en 2029, ya veremos si, quienquiera que esté en el Gobierno, puede mantener esa vía de menos esfuerzo o si, por el contrario, tendrá que asumirlo en menos plazo de tiempo.

A pesar de la afirmación de mantener un esfuerzo más limitado que nuestros aliados, lo cierto es que los anuncios que va haciendo el Gobierno a través de los medios de comunicación, ante la falta de Presupuestos Generales (he de repetirlo una vez más, porque es muy grave), ponen de manifiesto un crecimiento sensible de la inversión en diversos programas especiales de modernización que, repercuten, singularmente en nuestra industria de defensa, pero no en el capital humano de nuestras Fuerzas Armadas.

En lugar de los 10. 471 millones de euros anunciados en el Plan Industrial y Tecnológico para la Defensa del pasado mes de abril de 2025, el Gobierno acabó comprometiendo, antes de finalizar el año, algo más de 13 mil, 7 mil en forma de préstamos y 6 mil en forma de ofertas para la contratación de diversos programas, no apareciendo ninguna cantidad explícitamente dedicada a la mejora de las condiciones laborales de nuestras Fuerzas Armadas, aunque según el Plan iba a reservar un 35% (unos 3.600 millones de euros) a este fin.

Forzoso es recordar que ningún sistema de defensa se basa exclusivamente en sistemas de armas y de combate. El recurso humano y las condiciones en las que desarrolla su actividad han de ocupar un lugar preeminente en el planteamiento de cualquier Sistema de Defensa. El Gobierno ha de garantizar, en consecuencia, la debida atención y tratamiento a los recursos humanos para la Defensa.

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