Al parecer el interventor los ha parado este viernes en Consejo de Gobierno porque no habían sido aprobados previamente en los distintos organismos autónomos” como Instituto de las Culturas o Fundación, o en las sociedades públicas Este viernes, el nuevo Gobierno de la Ciudad que ayer juraba o prometía sus cargos tenía previsto aprobar los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020, pero todo parece indicar que no lo ha podido conseguir por razones aún no aclaradas. Se apunta a dos fundamentalmente: una de ellas a una recomendación del interventor para cumplir con la legalidad y otra a una decisión del socio fuerte del Ejecutivo, CPM.
Desde de la oposición no han tardado en reaccionar al saber que nuevamente se paralizaban los cuentas, cuando ya por la mañana se daban por hecho que este primer Consejo de Gobierno, tras la remodelación, les daría el visto bueno.
Una de las diputadas del PP que se ha pronunciado públicamente es Paz Velázquez, quien ha manifestado que “ni con Castro, ni con Liarte y tampoco con reestructuración del gobierno se han podido aprobar hoy (por ayer) los presupuestos de 2020 por Consejo de Gobierno”.
Para Paz Velázquez, las razones por las que se ha producido este hecho son las siguientes: “Avisamos desde el PP de Melilla que los organismos autónomos no se habían convocado y el resultado ha sido este desastre”.
En este sentido, ha añadido que “al parecer el interventor los ha parado este viernes en Consejo de Gobierno porque no habían sido aprobados previamente en los distintos organismos autónomos” debido, entre otras cuestiones, porque “no se han convocado ni constituido el Instituto de las Culturas, la Fundación Melilla Monumental…”. Asimismo, ha destacado que tampoco se han aprobado los presupuestos en las sociedades dependientes de la Ciudad Autónoma, como Promesa, Inmusa, Emvismesa y Remesa.
Mientras esto ocurría, ayer mismo se convocaba para el próximo jueves 19 de diciembre una Junta Extraordinaria de Accionistas de Promesa, con solo dos puntos del orden del día: uno la aprobación de las actas y otro -el más llamativo- la retribución de la presidencia del Consejo de Administración o lo que es lo mismo darle un suelo a su presidente, Julio Liarte, tras su cese como consejero de Economía y Hacienda en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo. Lo que, de producirse, supondría más gasto público innecesario y más infamia.
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