Los plazos de instrucción de las causas penales se ampliarán desde los 6 hasta los 12 meses

Los plazos de instrucción de las causas penales se ampliarán desde los 6 hasta los 12 meses, antes de que el juez instructor decida si procede acordar o no una prórroga para continuar investigando, según la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que se está llevando a cabo en el Parlamento.
Según señala el informe de ponencia de la Proposición de Ley, si el juez instructor considera que la investigación no puede concluir en el plazo marcado por ley, puede «acordar de oficio o a instancia de parte», y una vez «oídas las partes» las «prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses».
Estas ampliaciones tendrán que ser motivadas a través de un auto donde el juez instructor exponga «razonadamente las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, y las diligencias que se necesitan practicar». Asimismo, «en su caso, la denegación de la prórroga también se acordará mediante resolución motivada», reza el texto aprobado.
La derogación del plazo de instrucción es una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de jueces y fiscales, sobre la que han insistido en los últimos meses y han trasladado al Ministerio de Justicia con oportunidad de las medidas urgentes que se han puesto en marcha para hacer frente al previsible colapso de la Justicia por el parón provocado por la crisis sanitaria del coronavirus.

Otra reforma de la LECRIM
El Ministerio de Justicia tiene en marcha otra reforma de la LECrim, vigente desde 1882, para que sean los fiscales quienes instruyan las causas penales, en vez de los jueces, como hacen hasta ahora. El titular de este departamento, José Manuel Campo, pretende que el nuevo texto para su aprobación por el Consejo de Ministros se produzca antes de que finalice el año.
Para cumplir con el objetivo, Campo creó el pasado 15 de abril la comisión de expertos que se encargará de la elaboración del anteproyecto de ley y encargó la presidencia y coordinación de los trabajos al magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

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