Los pescaderos esperan que Delegación del Gobierno "dé una solución" al certificado DVCE

Los puestos de pescadería de los mercados de la ciudad cumplen una semana de cierre desde que el día 15 entró en vigor la exigencia de presentar el Documento Veterinario Común de Entrada (DVCE) para la entrada de pescado de Marruecos, una medida que busca combatir la venta ilegal y aumentar las medidas de control, pero los pescaderos señalan que elaborar el documento les supone un sobrecoste significativo que les puede llevar "a la ruina" y esperan que Delegación del Gobierno aporte una solución, como facilitarlo gratuitamente. Afirma uno de los pescaderos de la ciudad que esta semana "ha sido muy dura" al no poder abrir sus comercios con lo que ello supone de pérdidas económicas que puede llevarles "a la ruina" en poco tiempo. "Acudimos todos los días al mercado con la esperanza de que desde Delegación nos llamen para solucionar el tema, pero no hay cambios, no entra pescado y no podemos vender", se lamenta.

DVCE
Este vendedor afirma que en relación a este asunto se están "diciendo muchas cosas que no son ciertas" como que el tener que presentar a partir de ahora el Documento Veterinario Común de Entrada (DVCE) para la entrada de pescado no repercutirá en el precio al cliente. Explica que Delegación señala que el incremento del coste irá en función del volumen de importación. Así, los que traigan grandes cantidades, les supondrá unos 10 céntimos de euro por kilogramo de pescado importado, mientras que los que traigan pequeñas cantidades de pescado les puede suponer entre 20 y 30 céntimos de euros por kilogramo.

Pero en la práctica pagar por la tramitación del DVCE le supondría un sobrecoste de "unos 480 euros al mes en papeles, y eso es algo que no puede asumir un vendedor, como el caso de los transfronterizos, que apenas si saca 20 euros al día de ventas". La consecuencia sería tener que aumentar el precio, "con lo que los clientes se verían desmotivados", y perderían competencia frente a los vendedores ambulantes ilegales y las grandes superficies que venden pescado de la península, "mientras que en Melilla siempre hemos presumido de la calidad y el bajo precio del pescado que consumimos".

El coste del DVCE no tiene una incidencia tan importante en los que importan fruta y verdura, indica este pescadero melillense. "El que trae fruta y verdura es un mayorista que el lunes paga 30 por traer mercancía para la semana y la patata no se pudre, la puede vender cuando quiera, pero nosotros tenemos que renovar todos los días. Nuestros beneficios son bajos y por eso somos muy pocos los españoles que nos dedicamos a esto, porque es muy sacrificado y de hecho de los 47 pescaderos de la ciudad, nacionales somos unos doce", explica.

Asegura que no se oponen a los controles sanitarios, sino todo lo contrario, porque incluso "sufrimos un doble filtro, como es el veterinario en frontera y el veterinario de la Ciudad, y nosotros vendemos un producto perecedero, que si no sale a primera hora, hay que malvender antes de que al final del día lo tengas que tirar". Pero se pregunta, a pesar de todos los controles y mientras a ellos se les exigen todo tipo de documentos, que en los alrededores de los mercados sigan los vendedores ilegales ofreciendo mercancía, "¿cómo y por dónde entra ese pescado?", se pregunta.

Tramitación gratuita
Afirma que la situación que viven es preocupante y quienes "más miedo tienen porque no saben qué va a pasar", son los transfronterizos. "Vivimos una situación de indefinición que no sabemos cómo va a acabar. Esto nos puede llevar a la ruina, pero si lo que buscan es un fin recaudatorio, que nos suban los trimestrales, que ven que es algo que tampoco podemos pagar la mayoría porque el sector está bajo mínimos", asegura.

Esperan que Delegación del Gobierno "nos escuche, que entienda que no pedimos nada, solo que nos ayuden, que pongan a alguien en la aduana para agilizar los trámites sin que tengamos que pagar, porque si no, tendremos que subir los precios y eso será el fin", se lamenta.

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