Los padres de los primeros bebés de 2017 ya dispondrán de cuatro semanas de permiso

Los padres de los primeros bebés de 2017 dispondrán ya de cuatro semanas de permiso, intransferibles y no obligatorias, dos más que hasta ahora, tal y como confirmó Gobierno el pasado 16 de diciembre. Esta ampliación tenía que haber entrado en vigor, como tarde, el 1 de enero de 2013. Para hacer efectiva esta medida, el Ejecutivo no tendría que aprobar ningún decreto o norma. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado haría automática la entrada en vigor de este permiso por nacimiento de hijo, adopción o acogida que el Gobierno suspendió hasta el próximo 1 de enero.
Fuentes de Ciudadanos han informado de que esta formación ya ha negociado con el Gobierno que los presupuestos de 2017 incluyan 235 millones de euros para sufragar el coste del nuevo permiso. Este derecho que se podrá disfrutar a jornada completa o parcial, es exclusivo de los padres trabajadores u otro progenitor –en caso de parejas del mismo sexo–, y, a diferencia del permiso de maternidad, no podrá ser cedido a la madre en ningún caso, tal y como establece la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres de 2007.

Ampliación
Además, se podrá disfrutar inmediatamente después del nacimiento, simultanearlo con la madre durante la suspensión del contrato por maternidad o después de la baja maternal para alargar el cuidado del hijo por ambos progenitores. Este derecho se amplía en dos días más por cada hijo a partir del segundo cuando se trate de parto, adopción o acogimiento múltiple.
La ampliación de dos a cuatro semanas del permiso paterno por nacimiento o adopción de un hijo está previsto en la Ley de Igualdad, que daba de margen hasta el 1 de enero de 2013 para ponerlo en funcionamiento con la intención de que fuese la primera piedra de cara a una progresiva equiparación de estas licencias, ya que las madres tenían hasta ahora 16 semanas y los padres solo dos.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, promotor de esa ley, se comprometió a poner en marcha la medida antes de que venciera el plazo, sin embargo, cuando llegó el momento de hacerlo, en 2009, alegó que costaría al erario público 200 millones de euros que en aquel momento, no estaban disponibles, así que lo pospuso.
Cuando en 2011 el Partido Popular ganó las elecciones, hizo lo mismo. Se comprometió a que la medida entraría en vigor el 1 de enero de 2013, el plazo límite que marcaba la Ley de Igualdad, sin embargo, llegado el momento, lo aplazó. Para ello, se sirvió de una disposición adicional a la Ley Orgánica de Presupuestos Generales del Estado que dejaba sin vigencia el artículo de que establecía la ampliación del permiso. En los presupuestos de 2014 y 2015, prorrogados en 2016, hizo la misma operación, de modo que hasta la fecha no ha llegado a entrar en vigor.

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