Los Pactos extraparlamentarios o la liquidación del Estado

En los últimos días se viene hablando con notable insistencia de unos posibles pactos entre fuerzas políticas y agentes sociales que, a decir del Gobierno, pretenden reeditar, de alguna manera, los denominados Pactos de la Moncloa de 1977.
Los Pactos de la Moncloa no consistieron exclusivamente en unos acuerdos para la mejora de la situación económica. También sirvieron para la aprobación de derechos fundamentales actualmente recogidos en nuestra Constitución, que en el momento de la edición de estos Pactos aún no existía y sin dicha aprobación habría visto muy comprometido su propio nacimiento.

En el día de hoy, además de todos esos derechos, recogidos en la propia Constitución, disponemos de un entramado institucional que nos permite hacer frente a nuestros retos como nación.

Nos encontramos, no obstante, en estos momentos, haciendo frente a un desafío de naturaleza sanitaria de enormes proporciones cuya resolución no se vislumbra de una manera clara en nuestro porvenir inmediato.

El Gobierno transmite una imagen confusa de la realidad sobre este desafío a los españoles. Con ello, elude la asunción de responsabilidad alguna o el reconocimiento de error alguno en la gestión de esta crisis en la que, lamentablemente, recogemos los datos más alarmantes y preocupantes, no sólo de los países de nuestro entorno sino de todo el mundo.

Hablando de pactos, no confundamos el acierto del enunciado con la bondad de la propuesta. El acuerdo y el pacto siempre son necesarios. Hurtar la negociación de estos pactos a las Cortes Generales, en un momento en el que disponemos de instituciones sólidas, como nuestro Parlamento, a diferencia de lo que sucedía en 1977, revela un cierto desprecio a la sede de la soberanía nacional y sus representantes, todos ellos sin distinción, elegidos por los ciudadanos para representar sus intereses.

Ha comenzado el Gobierno a establecer el paradigma de que el que se niegue a colaborar con la “por ellos” llamada reconstrucción nacional se autoexcluye y se desentiende del futuro de España. ¿Perdón? ¿Más de 5 millones de españoles autoexcluidos porque el Gobierno, también de ellos, se niega a dialogar si no es sobre la base de que, proponga lo que proponga, le den la razón? Seamos serios, por favor. La situación es lo suficientemente grave como para no dejarse llevar por la frivolidad.

Es necesario asumir con normalidad, honestidad y humildad la sana y necesaria confrontación de ideas, proyectos y alternativas en lugar de anularla mediante el fácil recurso a la descalificación de ciertas personas o de ciertos grupos de personas.

No nos dejaremos arrastrar por el clima de confrontación personal al que el Gobierno nos quiere llevar. Somos capaces de actuar desde la serenidad y desde el análisis sosegado de los problemas. Aquí nadie sobra y es verdad, pero no jueguen a hacer irrelevante el punto de vista que les incomoda o que no coincide con el suyo. Tengan valor. Sean demócratas y abandonen los tics totalitarios. Escuchen a la oposición. Hay otras fórmulas.

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