Marlaska y Sánchez abordan la controversia de la regularización de inmigrantes.
Seis asociaciones de la Guardia Civil alertan que la modificación de la ley para regularizar inmigrantes sin verificar antecedentes penales pone en riesgo la seguridad ciudadana. Solicitan al ministro del Interior que detenga este proceso, argumentando falta de garantías.
Seis de las principales asociaciones representativas de la Guardia Civil advierten de que la declaración de antecedentes “deja sin efecto la garantía para la seguridad ciudadana”.
Han remitido una solicitud formal al ministro del Interior para que frene la modificación de la ley para la regularización masiva de medio millón de inmigrantes, que contempla una declaración responsable de antecedentes penales para aquellos solicitantes que no logren probar este extremo. Las organizaciones creen que la medida “deja sin efecto la garantía para la seguridad de la ciudadanía y genera un riesgo para los agentes de la autoridad”, dejando una puerta abierta por la que se puedan colar en la sociedad española individuos que podrían haber cometido delitos muy graves en otros países.
El Gobierno español puede aprobar una regularización de inmigrantes sin pasar por el Congreso mediante un Real Decreto-ley, una norma con rango de ley dictada por el Ejecutivo en casos de urgencia que modifica reglamentos vigentes, no la ley orgánica fundamental, permitiendo su aplicación automática. Este mecanismo esquiva la votación parlamentaria. La gran mayoría de españoles dudan de la justificación del Gobierno para saltarse al Congreso y creen que es una maniobra política para intentar captar votos entre los inmigrantes.
¿Cómo se justifica?
La medida, pactada por el Gobierno (PSOE) y Podemos, se presenta como una «medida urgente y de justicia social» (sobre esta base, el Gobierno podría saltarse al Congreso en casi cualquier tema) para regularizar a unas 500.000 personas que ya residen y trabajan en el país.
Base Legal: Se fundamenta en cambios reglamentarios sobre la Ley de Extranjería, no en una nueva ley orgánica, lo que evita la necesidad de convalidación parlamentaria.
Controversia: Aunque beneficia a medio millón de personas, la oposición (PP y Vox) y los cuerpos policiales han criticado la falta de control parlamentario y el posible «efecto llamada».
Retoma una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) aprobada en 2024 (aunque con la significativa diferencia de que, en la ILP, había una fecha de corte para la residencia: los que estuvieran en España antes del 1 de noviembre de 2021) pero paralizada y no desarrollada, aplicándose a quienes demuestren arraigo antes del 31 de diciembre de 2025.
El proyecto de Real Decreto expone que, si tras solicitar el certificado de antecedentes a su país de origen, no se recibe respuesta en un mes, el solicitante podrá presentar una “declaración responsable” de inexistencia de antecedentes penales. Para las asociaciones policiales (Jucil, Unión de Oficiales, AUGC, AEGS, ASES-GC y la Asociación de Cabos), este mecanismo debe suprimirse del texto final, ya que supone admitir la regularización de personas sin ofrecer garantías reales sobre su pasado delictivo.
El texto actual dice: “Con carácter excepcional, si el interesado acreditase haber solicitado el certificado de antecedentes penales de las autoridades del país de origen o de aquel donde hubiera residido durante los últimos cinco años, y hubiera transcurrido un mes sin haberlo recibido, el Gobierno, previa solicitud al efecto, podrá recabar la información necesaria directamente de la autoridad del país correspondiente”. También detalla que: “En caso de no recibir dicha información en el plazo de un mes, la Administración comunicará esta circunstancia al interesado, que podrá presentar declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales. En ese caso, se entenderá […] que el interesado carece de antecedentes penales en los citados países”.
Miles de extranjeros con el asilo denegado podrán ser regularizados ahora
En el documento, las asociaciones solicitan formalmente que el ministro del Interior, como máximo responsable de la seguridad, se oponga a la inclusión de este apartado en el Consejo de Ministros. Aseguran que: “no se debe regularizar a ningún inmigrante que no acredite oficialmente, y no mediante una simple firma personal, la carencia de antecedentes penales en sus países de residencia anteriores”.
Serán más de 500.000
Aunque la cifra ofrecida por el Gobierno es de 500.000 beneficiarios de la regularización, en realidad se aplicará a cientos de miles más. En primer lugar, porque la cifra está desactualizada, y remite a cuando se impulsó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). El colectivo avisa de que, según las cifras actuales, los potenciales beneficiarios pueden ser hasta 700.000 personas. Otros estudios la elevan a casi 850.000; Y, en segundo lugar, porque la regularización abre la puerta a la reagrupación familiar. En total, podríamos estar hablando de un millón de beneficiarios de la regularización.
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