A partir del próximo febrero, el colectivo de personas con discapacidad accederá a un derecho que, hasta que la aprobación de la reforma de la Ley en noviembre de 2017, le venía siendo negado: Formar parte de un jurado popular. Las personas con discapacidad estaban siendo discriminadas y, gracias a esta medida -aprobada por unanimidad de ambas cámaras en su proceso de tramitación- se acercan más a la igualdad. A pesar del avance que supone esta decisión, fuentes del Ministerio de Justicia afirmaron que la Administración debe ahora adaptarse, puesto que no sólo tiene la obligación de admitir a estas personas, sino también de ofrecerles los medios y apoyos necesarios para poder llevar a cabo su labor.
A partir de febrero de 2018 entrará en vigor la ley que permite a las personas con discapacidad formar parte de un jurado popular, después de que las Cortes aprobaran, el pasado mes de noviembre, una reforma de la Ley del Tribunal del Jurado que, actualmente veta la presencia de personas con discapacidad “física o psíquica” en los jurados populares.
Con esta iniciativa, que contó con la unanimidad de ambas Cámaras durante su tramitación, se adapta la normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en 2008 en España, y que en su artículo 13 establece el derecho de acceso a la justicia de este colectivo, “incluido el ajuste de los procedimientos para facilitar su desempeño en las funciones efectivas como participantes directos e indirectos”.
La modificación de la Ley del Tribunal del Jurado se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 14 de diciembre. Allí se establecían dos meses para su entrada en vigor, un plazo acordado por los grupos parlamentarios para que las administraciones adapten sus recursos a la nueva normativa, según informa el Ministerio de Justicia.
“Ahora es la Administración de Justicia la que tiene la obligación, no solo de admitir a las personas con discapacidad, sino de proporcionarles medios y apoyos para poder efectuarlo. Materialmente una Administración tan menesterosa como la de Justicia, tendrá problemas sobre todo al principio, para atender esta obligación, persistirán barreras e impedimentos, pero el deber legal es claro y podrá exigirse”, indicó a Europa Press, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez-Bueno.
Esta organización fue precisamente la que alertó de la situación de discriminación que estaba viviendo el colectivo en esta materia y presentó sus preocupaciones a los grupos parlamentarios para intentar solucionar el problema.
El CERMI también consiguió llevar hasta las Cortes una reforma del Registro Civil, para eliminar la exigencia de certificado médico para aquellas personas con discapacidad que deseaban contraer matrimonio. Una medida que se entró en vigor en junio de 2017, con el voto unánime de los grupos, y que ahora sólo pide permiso de expertos en casos “excepcionales”.
Medidas adicionales en pro del colectivo
Éstas no son las únicas medidas que ha emprendido esta organización -el CERMI (Comité español de representantes de personas con discapacidad)- en colaboración con el Congreso y el Senado, ya que también registró en esta legislatura una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre copago en el sistema de dependencia, que el PSOE ha llevado a debate al Pleno y que ha sido apoyada por la mayoría para su tramitación.
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