La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha presentado, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, su informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021, en el que señala, según el seguimiento que anualmente realiza la organización, que 1.717 personas han perdido la vida intentado llegar a España durante el pasado año, la cifra más alta desde que existen registros.
Asimismo, ha afirmado que todos los recursos destinados a las políticas migratorias se enfocan exclusivamente en evitar que lleguen o en expulsar a las personas que, jugándose la vida, intentan llegar a al Estado español por la frontera sur, “a pesar de que curiosamente significan tan sólo el 4,3% del total de las personas que entran en España”.
Según Apdha, estos “ingentes recursos van desde la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), cuyo coste supera ampliamente los 300 millones de euros, hasta los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), los centros de detención llamados CATE (Centros de Atención Temporal de Extranjeros) y repartidos por toda Andalucía, los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) en Ceuta y Melilla o las vallas en ambas ciudades que constituyen el verdadero pozo sin fondo de los recursos del Estado”.
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