Los autónomos, por fin una prioridad

El jueves arranca formalmente la legislatura en el Congreso de los Diputados, pero el gobierno no ha parado desde que Mariano Rajoy consiguiera ser investido y días después nombrara a los miembros de su ejecutivo. Ya sabemos que tanto el propio presidente como muchos de los miembros del gobierno han mantenido numerosas reuniones para abordar los asuntos prioritarios. Lógicamente, encima de la mesa del consejo de ministros las proyecciones macroeconómicas que en las próximas semanas hay que enviar a Bruselas. El gobierno prevé una mejora de dos décimas del crecimiento para 2017 hasta situarlo en el 2,5 por ciento, con el que espera reducir el esfuerzo de reducción del déficit a la cifra inicialmente conocida y que ronda los 5.500 millones de euros y no los más de 7.000 millones que lanzaron hace unos días las autoridades europeas. Pero, obviamente el gobierno no está únicamente en esto. La siguiente prioridad es la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo y en este sentido ya se han mantenido reuniones al más alto nivel. Después vendrá la financiación autonómica, el Sistema Público de Pensiones, la Ley de Educación y la negociación con los agentes sociales que ya tiene fecha, será el 24 de noviembre en La Moncloa y presidida por Rajoy, al que lógicamente acompañará la ministra de Empleo, Fátima Báñez. A esa reunión no asistirán los representantes de los autónomos, a pesar de que va a ser un asunto prioritario. Lo fue en las negociaciones del pacto firmado en agosto entre el PP y Ciudadanos para apoyar a Rajoy y lo era en el programa electoral de los populares. Parece que el borrador de la futura Ley de Medidas Urgentes de Reforma del Trabajo de los Autónomos está bastante avanzado. Son muchas las medidas que esa norma va a contener y que afectarán a los más de 3 millones de autónomos que hay en este país, de muchos de los cuales dependen 1,2, 3 o hasta 4 trabajadores. Contendrá muchas medidas, algunas de las cuales son demandas seculares de este colectivo. Entre otras prevé cambios en la cotización, cotizar por el tiempo realmente trabajado, el régimen de recargos, bonificaciones en la cuota y la clarificación de los gastos deducibles en los que incurren en el ejercicio de su actividad.

Pero la gran incógnita es cómo abordará el gobierno el necesario ajuste que hay que realizar para cuadrar las cuentas y ajustarlas al objetivo de déficit marcado por Bruselas. ¿Se recortarán gastos o se subirán impuestos? Esta es la pregunta a la que habrán de responder el gobierno y los partidos políticos y para lo que no hay mucho tiempo. La CE ha dejado más que claro que no nos va a pasar ni una más.

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