El despacho de abogados Boye-Elbal y Asociados, que llevó a España ante la justicia europea por dos devoluciones sumarias en Melilla en 2014, ha defendido que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos de Estrasburgo es vinculante y "España debe cesar inmediatamente en practicar ese trato degradante e inhumano hacia los migrantes, y cambiar la legislación que le ha dado cobertura", la Ley de Seguridad Ciudadana.
Así se ha expresado la co-fundadora de Boye-Elbal y Asociados, Isabel Elbal, en declaraciones a Europa Press después de que el Tribunal Europeo de Derechos de Estrasburgo (TEDH) haya condenado a España a pagar 10.000 euros a dos inmigrantes que fueron devueltos a Marruecos tras penetrar en España a través de la valla de Melilla. El Alto Tribunal considera que en los hechos denunciados se ha producido una expulsión colectiva y se ha impedido el acceso a un recurso, algo que viola la Convención Europea de los Derechos Humanos.
La letrada considera que la condena "tiene que provocar un cambio en la práctica realizada" en cualquier país europeo "que se apresure a devolver de forma ilegal a los migrantes y a los refugiados". Según ha explicado la abogada, la decisión de la justicia europea tiene carácter vinculante, es decir, "España no debe volver a hacerlo". "Si vuelve a hacerlo, tenemos un claro precedente que es esta sentencia", ha advertido, para después agregar que, por un lado, el fallo establece que es una práctica ilegal y, por otro, que no es necesario recurrir a un órgano jurisdiccional interno porque "España les cerró las puertas y los devolvió".
"Esto significa un claro avance en la garantía eficaz de los Derechos Humanos puesto se eliminan barreras burocráticas y el TEDH entiende que España ha incumplido y que el trámite es bien sencillo. Por lo tanto, un incumplimiento reiterado por parte de España o por parte de cualquier país europeo podría dar lugar a otra sentencia como esta", ha avisado.
Para Elbal, el fallo del tribunal concluye que España ha vulnerado un Derecho Humano que es el derecho a un recurso efectivo. "Las personas migrantes tienen derecho al asilo, al recurso, a un abogado, a un intérprete y no a que se les devuelva como fardos", ha avisado.
La letrada ha indicado que la justicia europea se ha mostrado "contundente" en relación con la prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros.
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