Los siete menores inmigrantes que acabaron detenidos tras el motín del pasado viernes en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima han pasado ya a disposición del juez de menores, que ha decretado su ingreso en el Centro de Reforma. Los siete fueron detenidos por la Guardia Civil por supuestos delitos de desórdenes públicos, amenazas y faltas, ya que fueron identificados como los presuntos instigadores del segundo motín que sufrió el centro de acogida en solo un mes. La consejera de Bienestar Social y Sanidad, María Antonia Garbín, destacó ayer la situación “compleja” que sufre el centro de menores de la Purísima desde hace un tiempo, ya que parte de los que niños y adolescentes marroquíes que llegan a Melilla pasando la frontera de forma clandestina tienen un perfil conflictivo que “en absoluto” se ajusta al sistema de protección por el que se rige el centro de acogida. “Eso lo tenemos clarísimo”, dijo en una entrevista concedida a la Cadena Cope, en la que Garbín defendió como solución a este problema el retorno de estos chicos a su entorno familiar en Marruecos.
No en vano, subrayó que muchos de estos menores no quieren cumplir los horarios ni las normas establecidas en el centro de acogida, que fue la chispa que provocó los dos motines, el primero en la tarde de Nochevieja y el segundo, el pasado viernes por la tarde-noche, 30 de enero. Además, entre esos chicos también hay adultos que han cumplido los 18 años y que, sin embargo, mienten sobre su edad para que se les considere menores y no puedan ser expulsados hasta que las pruebas médicas lo confirmen.
Garbín destacó además que la gran mayoría de estos menores “están acostumbrados a estar en la calle” porque ya vivían en ella antes de llegar a Melilla de forma irregular, de ahí que no les importe pasar los días y las noches a la intemperie en las cuevas del Pueblo y las inmediaciones del puerto, en la escollera del espaldón del puerto. Ello, a pesar del frío y el mal tiempo del invierno, descartando incluso la atención y cuidados que se les dispensa en el centro de acogida, donde tienen garantizada la comida, un techo bajo el que dormir y una formación.
“Estos menores lo único que piensan es en llegar a la península porque creen que van a encontrar algo mejor”, resumió Garbín antes de recordar cómo esta cuestión ha cambiado en los últimos tiempos, ya que antes estos chicos pasaban la frontera de Melilla con un objetivo documental, para lo que tenían que pasar tres años antes de conseguir la tarjeta de residencia.
Convenio de Readmisión
Por todo ello, Garbín defendió que la solución a este problema pasa por el retorno de estos menores a Marruecos para que se eduquen con sus familias, ya que se niegan a cumplir las normas del centro de acogida y su único objetivo es llegar a Europa como polizones colándose en los buques que conectan a diario la ciudad con Málaga, Almería y Motril.
Hay que recordar que el presidente melillense, Juan José Imbroda, pidió hace diez días al ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, que se ponga en funcionamiento el Convenio de Readmisión entre España y Marruecos para solucionar este problema. En los últimos diez años, el país vecino no ha aceptado ningún menor de los que llegan clandestinamente no solo a Melilla, sino en toda España.
Otra de las medidas en las que se está trabajando es en la reforma de la Ley de Protección del Menor, aunque el Gobierno local tiene claro que “no estamos hablando de menores en protección” los que protagonizan hechos como los motines o las negativas a estar en el centro de acogida.
“Está claro que la situación así no se puede mantener en Melilla”, sostuvo la consejera de Bienestar Social al subrayar que en estos momentos son casi 400 los menores que tiene tutelados la Ciudad Autónoma. En Ceuta, ciudad similar a la nuestra, la cifra no llega al centenar.
Estos 400 menores están repartidos por diferentes centros, quedando los más pequeños, los que tienen alguna enfermedad y los que son de Melilla en lugares como el Centro Asistencial y la Divina Infantita. El resto están en el Fuerte de la Purísima, donde están fundamentalmente los menores inmigrantes que tienen un perfil más conflictivo, y que en estos momentos contabiliza cerca de 250 a pesar de que el número máximo de plazas es de 160.
Por esta razón, y también mientras se resuelve la posibilidad de aplicar el Convenio de Readmisión, se están reforzando las medidas de seguridad en el Fuerte de la Purísima con diferentes obras para evitar que se escapen del centro y también mediante la contratación de vigilantes de seguridad.
