Fiscalía reclama una multa de 3.600 euros a un hombre por un delito de abandono de familia al no pagar la pensión de sus tres hijos. La denunciante expuso que hace cinco o seis años que no abona los pagos y que se le hizo un embargo reclamándole primeramente 300 euros y después 3.000 euros. El acusado aseguró en la vista oral que está dispuesto a pagar si se fraccionan los pagos porque no ha podido contactar con la víctima. El acusado explicó que lleva separado desde el 2009 y tienen tres hijos en común. A preguntas de la fiscal, contó que ha trabajado en ocasiones y cuando deja de hacerlo “no tengo medios para mantenerlos”.
“Por media jornada cobraba entre 480 y 503 euros y pagaba la pensión en lo que podía”, dijo.
Asimismo, declaró que le retenían una parte de su nómina en el Juzgado y que ha estado viviendo en casa de alquiler pero casi siempre ha vivido en casa de sus parejas y el alquiler lo pagaba ella.
En cuanto a dónde trabajó, sostuvo que acumuló varios trabajos sobre todo en asociaciones cobrando 480 euros.
“He abonado algo voluntariamente, presenté documentos de los pagos que le hacía”, alegó.
A preguntas de la defensa, respondió que tiene otra hija y estaba al tanto de los pagos.
La víctima, contó que desde hace cinco o seis años no le paga la pensión de sus hijos. La fiscal le preguntó si sabía si había trabajado, a lo que respondió que sí pero por temporadas. “Cuando mi letrado iba a reclamarle el dinero ya se había dado de baja, trabajaba, le reclamaba y le despedían”, dijo.
Respecto a si ha abonado algo voluntariamente, declaró que no.
La denunciante aseguró que se le hizo un embargo y le reclamó 300 euros y luego otros 3.000 euros. La defensa le preguntó si estaba pagándole cantidades pequeñas, a lo que dijo que no desde hace seis o siete años.
Fiscalía solicita una sentencia condenatoria teniendo que pagar todas las pensiones que debe por un delito de abandono de familia y porque “a pesar de haber trabajado en periodos solo ha abonado las retenciones”.
La defensa pidió la absolución de su cliente exponiendo que se tuvo que bajar la pensión porque “no tenía solvencia económica y el impago es cuando hay dolo por lo que, si no hay cantidad, no se puede cometer el delito”.
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