Las promesas habituales de Sánchez frente a la cruda realidad de sus acciones/inacciones.

 “Señor presidente Pedro Sánchez, no nos engañe”. El pasado martes, Juan Morín, el líder de los ‘sin techo’ del volcán de Cumbre Vieja (La Palma) le lanzó a nuestro presidente Pinocho Sánchez esta desgarradora frase/petición llena de amargura y desesperanza. Señaló también que la incertidumbre mata a las personas, que no saben qué van a hacer con ellos, qué ayudas les darán o cuándo, en qué tiempo o si recuperarán sus fincas arrasadas por la lava. «Este es un desastre total, la ayuda no llega, la gente está desesperadísima y no sabemos qué hacer y cómo intervenir», lamentaba este palmero nacido en Los Llanos. 

Reconocía el señor Morín que salió esperanzado de su encuentro con Sánchez, pero viendo cómo están llegando las ayudas dijo sentirse decepcionado (“no diga cosas que no va a cumplir, de lo que ha dicho la última vez a lo hablado ahora, va una diferencia enorme”). Explicó que, por ejemplo, hay afectados con inmuebles valorados en 300.000 euros que van a percibir 60.000 euros del seguro y 30.000 de la ayuda. «Muchas veces parece una limosna», destacó.

Pinocho Sánchez ya ha dado sobrados ejemplos de que dice una cosa y hace otra, pero en un tema tan grave, en un desastre humano y económico de la magnitud del de La Palma, algunos pensaban (incluidos los pobres afectados) que cumpliría, aunque sólo fuese por una vez, con lo prometido. Pues no, esta vez tampoco. No por esperado deja de sorprendernos, pero siempre es el mismo sistema: 1) Palabras grandilocuentes y promesas de grandes inversiones; 2) Visitas a los afectados y gran apoyo mediático de sus muchos medios afines; 3) Burocracia y trámites desconocidos o imposibles; 4) Recorte en lo prometido.

La solución para la Palma y los palmeros parece simple (seguramente no lo sea tanto, pero la actual es “una limosna”): Que se valoren, a precio de mercado, las edificaciones perdidas y se les pague ese valor; Que tengan una cobertura salarial, asimilable a la de la pandemia del coronavirus, durante un periodo de uno o dos años (hasta que puedan volver a trabajar por cuenta propia o ajena); Que se busquen, de inmediato nuevos posibles asentamientos (terrenos) donde puedan crearse de cero las nuevas edificaciones, comercios, empresas, etc.., se les den todas las facilidades para establecerse y se realicen las infraestructuras necesarias lo antes posible.

En resumen, los vecinos de La Palma no quieren limosnas, no quieren ser mantenidos, lo que quieren es recibir el dinero. Seguro que lo invertirán mucho mejor que Sánchez y sus acólitos.

La educación que viene

Debería exigirse una mayoría reforzada del Congreso para poder modificar algunas cuestiones de especial importancia como son, por ejemplo, las que afectan a la educación de nuestros hijos. Así, no se habría aprobado la semana pasada el Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación.

Aplicando el decreto aprobado la semana pasada por el Gobierno, los alumnos podrán graduarse sin tener todas las asignaturas aprobadas, se permitirá presentarse a la Selectividad con un suspenso y no habrá exámenes de recuperación en la ESO. Una gran parte de las Comunidades Autónomas se oponen rotundamente al texto porque «rebaja la exigencia» o «desconcierta a los docentes» y tratarán de no aplicarlo dentro de los márgenes legales.

El texto que presentó la  Ministra Alegría consolida el giro a la «promoción general» que inició durante la pandemia Isabel Celaá con el objetivo de que los suspensos ya no sean el criterio que determina si los alumnos pueden o no pasar de curso y obtienen o no el título de la ESO y Bachillerato. Son medidas destinadas a evitar la repetición y mejorar las estadísticas de graduación, cuyos malos resultados nos dejan en evidencia en la UE.

A partir de ahora, la decisión de que un alumno pase o no de curso se tomará de forma colegiada por la junta de evaluación del colegio o instituto «al finalizar el curso escolar». Es el equipo docente «a quien se otorga la responsabilidad última de la decisión sobre la promoción y la titulación del alumnado». Serán los profesores quienes tengan que tomar la decisión después de valorar si el estudiante «ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes».

Para este gobierno social-comunista que nos gobierna, cualquier cosa es válida con el fin de tenernos controlados (y como consecuencia, nuestro voto). Para ellos es mejor un modelo educativo que no tenga unas normas claras porque piensan que así podrán controlar al profesorado (a los de los colegios públicos deben considerarlos “sus empleados”) y podrán conseguir su verdadero fin último: que las estadísticas les dejen bien (les da igual el nivel  o la formación que consigan nuestros hijos).

Pienso que es mejor repetir y saber que no repetir y no saber nada. Creo que hay que premiar al que se esfuerza y ayudar al que no puede, también que las recuperaciones son vitales para que los que están “despistados” se puedan reenganchar.  No parece una buena idea, además de ser una presión añadida e innecesaria para ellos, que sean los profesores, con sus subjetividades, quienes digan “este sí pasa o este no”.  Cuanto más estandarizado y menos intervenido sea el sistema, mejor.

Una última pregunta que dejo en el aire: ¿Se conformará un padre con que su hijo no pase de curso y que otro niño con más suspensos sí?

Acceda a la versión completa del contenido