Las peticiones de recurso de inconstitucionalidad al defensor del Pueblo desde Melilla caen un 88%

El defensor del Pueblo recibió desde Melilla 47 peticiones de interposición de recurso ante el TC en 2013, un 88,45% menos que el año anterior, cuando se presentaron 407 solicitudes. Las quejas desde la ciudad se mantuvieron más o menos en las mismas cifras, siendo 53 las registradas el pasado año, suponiendo sólo un 0,24% del total de quejas en toda España ante dicha institución. El informe anual recoge quejas por la exigencia del padrón para viajar y relacionadas con la denegación de prestaciones del SEPE por salir a Marruecos, considerando la institución que tendrían que permitirse "algunas salvedades", porque no se tienen en cuenta a día de hoy las especificidades geográficas de Melilla y Ceuta. El informe anual del defensor del Pueblo no sólo habla de inmigración y CETI en lo que respecta a Melilla. El Real Decreto 1316/2001, de 2 de noviembre, regula la bonificación de las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las comunidades autónomas de Canarias, de las Islas Baleares o de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Para justificar esa condición, las aerolíneas exigen el certificado de empadronamiento en vigor y la presentación del mismo desde septiembre de 2012, a expensas de un sistema más avanzado, como recuerda el informe. Esto "es motivo de queja", ya que algunos ciudadanos con derecho a la bonificación "no han podido disfrutarla por desconocimiento del requisito", según refleja el informe del defensor del Pueblo.

Dentro del apartado de discriminación, el defensor del Pueblo se queja en su informe de las condiciones para acceder a los cursos de Promesa, por exigir en algunos ser español. "Este año ha continuado la investigación con la Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, sobre las condiciones de acceso a los tres programas organizados por la sociedad pública Promesa, en concreto, al Programa de Formación complementaria para jóvenes desempleados, al Programa de Formación básica de adultos y al Programa formativo de Servicios Sociales a la Comunidad". El defensor del Pueblo considera que la exigencia de ostentar la nacionalidad española a los desempleados que quieran acceder a la convocatoria pública de un programa destinado a jóvenes desempleados "podría vulnerar no sólo el derecho comunitario, sino también la Orden TAS/3698/2006, de 22 de noviembre por la que se regula la inscripción de trabajadores extranjeros no comunitarios en los servicios públicos de empleo y en las agencias de colocación". Al cierre de dicho informe, el defensor del Pueblo estaba a la espera de contestación por parte de la Ciudad Autónoma. Un Real Decreto exige eliminar el requisito de "nacionalidad española" de las convocatorias públicas de cualquier acción formativa profesional para el empleo destinada a los trabajadores, ocupados y desempleados, recuerda el defensor del Pueblo.

Nutrición infantil
El defensor del Pueblo inició actuaciones con todas las autonomías para examinar el impacto de la pobreza, a raíz de la crisis, en la nutrición de los niños y niñas, así como para conocer las intervenciones específicas que pudieran estar llevándose a cabo o proyectándose, para garantizar la alimentación básica de los menores que vivan en hogares con privaciones materiales que puedan afectar a su nutrición, en especial, durante el periodo de vacaciones escolares, al cierre de los comedores. Melilla entra dentro del grupo de regiones que mantienen programas específicos para tal motivo, junto con Andalucía, Canarias, Ceuta, Cataluña y Extremadura.

Unas horas en Marruecos
En el apartado de prestaciones, el informe hace mención a numerosas quejas relacionadas con las prestaciones por desempleo, en general, en el conjunto de España. En concreto, de Melilla se destaca un caso. Para acceder a la ayuda del programa de Renta Activa de Inserción (RAI), debe acreditarse antigüedad en la demanda de empleo durante 12 meses ininterrumpidos. Se comprobó su denegación a una interesada que realizó dos salidas y entradas a Marruecos, ambas de horas de duración. El defensor del Pueblo considera que no se han tenido en cuenta las especificidades geográficas de las ciudades fronterizas, como Melilla y Ceuta, por lo que "deberían permitirse algunas salvedades en estos casos". Esta actuación continuaba abierta al cierre del presente informe. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dictó instrucciones provisionales para la aplicación del Real Decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Se establecieron nuevos requisitos a las solicitudes que se presenten a partir del día 15 de julio de 2012, si bien las solicitudes presentadas con cita previa debían considerarse efectuadas en la fecha de la solicitud de cita. El defensor del Pueblo indicó al SEPE que, conforme a sus instrucciones, "debería haber concedido la reincorporación al programa de RAI a un interesado que solicitó cita antes de la entrada en vigor de las modificaciones. Revisado el expediente, se procedió a dictar acuerdo de rectificación e inclusión en el programa del interesado".

En total, el informe del defensor del Pueblo cifra en 53 las quejas emitidas desde Melilla, un 0,24 por ciento del total de toda España, la segunda región con menos quejas, tras Ceuta. En 2012, se trasladaron desde nuestra ciudad 50 quejas. En lo que respecta a las peticiones de interposición de recurso de inconstitucionalidad, fueron 47 las que se trasladaron desde Melilla, un 0,46 por ciento del total de España. En 2012, desde la Ciudad Autónoma se enviaron 407 peticiones, con lo que el descenso ha sido de un 88,45 por ciento, aunque se ha producido un descenso generalizado en toda España. Las solicitudes de recurso de inconstitucionalidad pasaron de 246.743 en 2012 a 10.128 en 2013, un 96 por ciento menos. El motivo es que muchas de las peticiones realizadas en 2012 fueron como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria a funcionarios.

“Demoras” en las comisarías de Melilla, Ceuta y Benidorm
El defensor del Pueblo recoge en su informe también la existencia de numerosas quejas, especialmente tras las tramitaciones llevadas a cabo conforme al Plan Intensivo de Nacionalidad, en las que los solicitantes de nacionalidad española se lamentan de la denegación de la nacionalidad española por la ausencia de una integración social difícil de objetivar. Hay quejas que se refieren a la demora por parte de la Dirección General de la Policía en remitir la información que se le requiere durante la tramitación de expedientes de nacionalidad, motivada normalmente por el retraso en que incurría la comisaría local competente. Son especialmente reseñables las demoras detectadas en las comisarías de Ceuta, Melilla y Benidorm, según el informe del defensor del Pueblo.

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