Las ONG tendrán que poder acceder a las inmigrantes rechazadas en las fronteras

El último borrador del Plan Nacional contra la Trata que debe renovar el que venció en el año 2012 contempla que el Ministerio del Interior facilite el acceso de las ONG especializadas a las mujeres extranjeras que son rechazadas en las fronteras españolas, a fin de que puedan detectar si son víctimas de estos delitos. El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado calcula que 45.000 mujeres son víctimas de trata en España. El documento es un boceto avanzado del Plan Nacional que tendrá vigencia hasta 2018 y que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, coordinadora de la iniciativa, ha remitido a distintos agentes sociales para informe. Pone el foco en particular en la trata con fines de explotación sexual y no cuenta ni con memoria económica ni con mecanismos de evaluación de los objetivos que plantea.

Medidas
Enuncia en total 130 medidas a adoptar o a promover organizadas en cinco prioridades: Detección y refuerzo de la prevención de la trata, Identificación, protección y asistencia a las víctimas; Análisis y mejora del conocimiento; Persecución más activa a los tratantes y Coordinación y Cooperación entre instituciones y sociedad civil. Es en materia de identificación donde se contempla la "adopción de medidas para facilitar el acceso de las organizaciones especializadas a las mujeres rechazadas en frontera, a fin de reforzar la detección de posibles víctimas de trata", competencia que se atribuye al Ministerio del Interior.

No detalla cómo se hará, pero en la actualidad, está en marcha una reforma de la Ley de Extranjería que permitirá precisamente bajo la figura del rechazo en frontera la devolución sobre la marcha a Marruecos de los migrantes interceptados en el salto de las vallas de Ceuta y Melilla donde, en paralelo, se prevé la creación de oficinas en las que se podrá solicitar protección internacional.

En la misma línea, el Plan Nacional establece que las ONG tendrán "acceso" a estas mujeres antes de que las fuerzas policiales realicen la "entrevista de identificación formal" de la que depende que sean o no reconocidas como víctimas y tengan acceso a la protección. Sobre este asunto, introduce el compromiso de elaborar "instrucciones" que desarrollen el procedimiento que se sigue en estas entrevistas.

Capacitación
También para las fronteras, se prevé la "capacitación específica" de los agentes policiales y de los profesionales que trabajan en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y de Acogida de Refugiados (CAR) –no menciona los CIE– para "favorecer la detección de víctimas de trata", igual que deberán recibir formación quienes instruyen las solicitudes de asilo. Sólo 9 mujeres en la historia han conseguido protección internacional en España por ser víctimas de trata.

En este sentido, recoge la "elaboración de un protocolo de coordinación entre la Oficina de Asilo y Refugio y las fuerzas policiales para aquellos casos en que durante la tramitación de una solicitud de asilo "se aprecien indicios razonables de trata de personas". Establece que se creará un grupo de trabajo para agilizar los trámites de documentación y que se "velará" por un "análisis especializado" en las peticiones de permiso de residencia.

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