El PP lleva, este martes, a votación al Pleno del Congreso una proposición de ley que recoge la consideración de víctima de violencia machista a las madres de niños asesinados por sus parejas o exparejas con la finalidad de causarles daño. Se trata de una de las medidas que se incluyeron en el Pacto de Estado por la Violencia de Género, aprobado en la Cámara en septiembre de 2017, y que impulsó en su momento Ruth Ortiz, cuyos hijos fueron asesinados por su propio padre, José Bretón. Se trata de una de las reformas que el PP propone para la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 con el objetivo adaptarla al pacto, así como al Convenio de Estambul, que España ratificó hace ya cuatro años.
Así, la proposición de ley de los de Pablo Casado, incluye también la acreditación de una víctima de violencia machista como tal sin necesidad de haber interpuesto una demanda, permitiendo para ello otros documentos y acreditaciones a través de los cuales las víctimas pueden obtener la protección y los beneficios que necesitan.
Con esta nueva legislación valdría para ser considerada víctima de violencia de género una sentencia condenatoria por este delito; una orden de protección u otra resolución judicial que suponga una medida cautelar a favor de la víctima; o un informe de la Fiscalía que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia machista.
Compatibilidad entre ayudas
"Hasta ahora, las no denunciantes tenían limitado su reconocimiento a la decisión de la legislación de las comunidades autónomas en referencia a la protección social", explicó la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, durante la presentación a los medios de esta ley, en el mes de junio. Pero, además, este texto recoge un refuerzo de la asistencia jurídica que reciben las víctimas desde el momento de la denuncia para que estén "asesoradas" desde el primer momento.
La norma propone también que las ayudas económicas estatales sean compatibles con las autonómicas, que los hijos de condenados en firme no puedan ir a visitar a su progenitor a prisión, que las penas firmes por esta lacra se ejecuten de forma inmediata o que las competencias sobre Igualdad se devuelvan a los ayuntamientos y diputaciones.
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