Las inyecciones de liquidez no ayudarán.

España es el único país de la eurozona en el que el índice de sentimiento económico ha caído en agosto. El ingreso mínimo vital no lo han cobrado ni siquiera el 1% de los solicitantes. Aunque la cifra de contagiados por coronavirus se dispara, la cifra de hospitalizados y muertes se mantiene estable. Como comentaba la semana pasada, el 25% de las empresas españolas están en quiebra técnica. Las inyecciones de liquidez ocultan los problemas a corto plazo, sí, pero como Daniel Lacalle apunta, ese dinero “siempre se gasta en proyectos innecesarios o sin rentabilidad económica real ante la urgencia de gastar mucho y pronto para ‘estimular la demanda’, dejando un reguero de deuda y más exceso de capacidad.” Y efectivamente, así es. Esas inyecciones de liquidez van a acabar beneficiando a aquellas grandes empresas con acceso a crédito, y a otras que el gobierno decida, mientras que la inmensa mayoría de las pymes, que conforman el 99.8% del total de empresas de este país, no podrán beneficiarse. ¿Por qué? Como fenomenalmente explica Lacalle, existe un “obsesión en mantener el PIB a cualquier coste.” Las empresas grandes son las empresas con más empleados y las que, en caso de caer, más arrastrarían el PIB con ellas. Y esto, unido al deseo de hacerlo lo más rápido posible, lleva a que el dinero no se destine a actividades realmente productivas, ni se piense en los efectos que mantener el PIB a cualquier coste pueda tener en la economía a medio y largo plazo. El número de empresas en quiebra, a pesar de las inyecciones de liquidez, seguirá aumentando, y quedará un país endeudado y con un tejido empresarial muy frágil. Pero eso no es todo, las inyecciones de liquidez tienen múltiples efectos en la economía, como por ejemplo encarecer los activos de bajo riesgo, incentivando la compra de activos de alto riesgo, y un aumento de la inflación, perjudica a ahorradores y desincentiva el ahorro. Un ahorro que va a ser necesario para capitalizar la economía y que vuelva a funcionar como debería.

En cuanto al ingreso mínimo vital, el hecho de que ni siquiera el 1% de los solicitantes lo hayan cobrado muestra lo propagandístico de esta medida. La renta de inserción social ya existía en las comunidades autónomas, y lo que se debería de haber hecho sería reforzarlas, pero claro, entonces no sería una medida “del gobierno.” Además, esto se suma a las más de 150.000 personas que no han cobrado los ERTE todavía. Son unos incompetentes y unos populistas. Son buenas noticias que, a pesar de que el número de casos esté subiendo de manera descontrolada, la cifra de hospitalizados y muertes se mantienen relativamente estables. No nos podemos permitir otro confinamiento generalizado, simplemente no podemos.

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