Las denegaciones de la nacionalidad a marroquíes en España por espiar para su país se multiplican en los últimos años

Melilla es una de las ciudades españolas en las que más solicitudes de nacionalidad por parte de marroquíes se produce, motivado sobre todo por su cercanía al país vecino y especialmente por la existencia de matrimonios mixtos, entre españoles y magrebíes. En cada uno de los casos, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tiene que realizar un informe, por producirse las peticiones en un lugar sensible como es Melilla, al igual que ocurre en Ceuta. En estas últimas fechas, sin embargo, se han conocido varias sentencias en las que se deniega la nacionalidad a marroquíes en España por espiar para su país, aunque no citan lugar. Concretamente desde 2013, son siete los casos judicialmente confirmados de espías marroquíes que piden la nacionalidad española y a los que se las han rechazado.

El periódico El País ha informado esta semana que un tribunal ha denegado la nacionalidad española a un magrebí al que el CNI acusa de colaborar con los servicios secretos de Rabat desde 1999. Es el séptimo fallo desde 2013 que detalla supuestas actividades de espionaje del país norteafricano, ha añadido.

En uno de los casos, los magistrados sustentan la decisión en un informe del CNI, que acusa a un trabajador de mantener “estrechos vínculos con su país de origen” y ser un “agente local” de sus “servicios de inteligencia”. Además, asegura que se relaciona con “el actual jefe de los servicios de inteligencia marroquíes en España”. Mientras, el trabajador lo niega.

Otros medios de comunicación de ámbito nacional subrayan igualmente que “los servicios secretos del país vecino mantienen una actividad frenética en territorio nacional”.

Los citados medios coinciden en subrayar que un informe del CNI en contra “es razón suficiente para rechazar la pretensión de convertirse en español”, aunque haya residido en el país de forma legal durante 22 años y «sin que haya sido detenido ni en una sola ocasión», ni haya siquiera incurrido en una «sanción administrativa».

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