Por Francisco Robles
Un año más se ha conmemorado (¿) el día contra las agresiones a los profesionales sanitarios, un año más intentando –sin conseguirlo y los datos así lo indican-, concienciar a toda la población, incluidos los propios sanitarios, sobre la violencia de todo tipo que padecen estos profesionales, en el ámbito laboral. Un año más asistimos, y es la tendencia desde 2018, a un crecimiento constante de las mismas.
Las amenazas, coacciones, insultos, vejaciones, tanto de palabra como de obra, hasta llegar a la agresión física, existían antes pero con la gravedad y frecuencia actuales, llegó hace algo más de 20 años, y parece que lamentablemente vino para quedarse; nuestra sociedad no puede permanecer impasible ante un hecho tan ignominioso, tanto por lo que supone de deterioro de la calidad de las normas sociales, como por lo que afecta –sin duda lo hcace y mucho- a las prestaciones profesionales de las personas agredidas y también la de su compañeros.
El Ministerio de Sanidad informó de que la Atención Primaria es el principal ámbito de agresiones (47,7%), le sigue la Hospitalaria (17,9%), y son significativos los datos de Urgencias, donde la hospitalaria (9,5%) y la de AP (8,2%); por sexos, más de tres de cada cuatro profesionales agredidos fueron mujeres, y por categorías profesionales, los médicos, con el 34% del total de agresiones, son los más afectados. Le sigue la enfermería con el 27%, y administrativos (14,1%) y celadores (3,99%) cierran las tristes cifras de agredidos. Es obvio que ningún profesional se puede sentir libre del peligro, y por ello hay que decir que de aquí se sale juntos en la acción y unidos en la reivindicación.
Un año más -ello es una constante desde que existen registros- son los médicos la categoría profesional más afectada por esta vergüenza social, datos como el de que cada 10 horas se agrede a un médico o que en 2024 se ha batido la cifra de agresiones desde 2010 (Observatorio Nacional de Agresiones-OMC), deberían movilizar a la sociedad, esa que les aplaudió todos los días a las 20h. durante la parte más dura de la pandemia; porque no nos confundamos, cuando un energúmeno o energúmena de estos -la mujer en esta lacra supone un importante porcentaje como autora- agrede a un sanitario, lo que está fracasando es la sociedad, a través de una acción tan innoble como es la que ataques a quién cuida de tu salud y la de tu familia.
Denunciar es crucial –sólo el 43% de las agresiones a médicos se denuncian, aunque infradeclaración es aún mayor (53%) si se abre a todas las categorías-, y lo es tanto para posibilitar y promover la actuación de las autoridades, como para visibilizar el problema y remover la conciencia social que tan agredida está siendo en nuestra sociedad, por los “valores”, mejor diría por su ausencia, promovidos por nuestros gobernantes. Hay que recordar que la agresión al personal sanitario está tipificada como delito en el Código Penal vigente, y que todo tipo de amenaza, coacción, agresión física y/o verbal, y cualquier forma ilícita de acoso o persecución al personal sanitario, puede denunciarse por la vía penal.
Las medidas a promover para su prevención, aunque deben de tener carácter prioritario las del ámbito laboral afectado –la asistencia sanitaria-, deben comprender además otros escenarios, desde el educativo –puede ser un papel a desarrollar por el personal de enfermería de los centros, promoviendo ambientes de mutuo respeto-, pasando por las autoridades policiales –no cabe actitud comprensiva con el agresor- y las judiciales –más sentencias condenatorias, a la prevención por la disuasión-, hasta los colectivos de la sociedad civil. La solicitud del presidente del Consejo General de la Enfermería. Florentino Pérez Raya, de endurecimiento de las penas, va ganando apoyos ante la cruda realidad del fracaso de las medidas vigentes, evidenciada también en las cifras crecientes de agresiones a estos profesionales.
Sin embargo, está claro que las actuaciones en el ámbito sanitario –la otra parte del problema junto a la sociedad- son las más importantes, y las carencias denunciadas de forma reiterada por los profesionales, están sin duda en su germen; a la cabeza está la precariedad de recursos humanos con un déficit crónico de profesionales, y le siguen la temporalidad en la contratación -ambos factores confluyen en unas listas de espera inasumibles-, la carencia de planes de prevención –o de su adecuada dotación y seguimiento-, la insuficiente o inexistente dotación de recursos para el acompañamiento a los profesionales agredidos, la ausencia de medidas coercitivas y punitivas de índole administrativa y/o asistencial contra los agresores, etc.. Como ven nuestros gestores, tienen mucho por hacer.
Melilla no se queda atrás en el problema, al contrario, presenta unos datos que nos ponen a la cabeza del mismo, y sin datos globales a nivel local –ayudaría conocer los datos reales, para visibilizar y concienciar-, hay que remitirse a los datos del Colegio de Médicos de Melilla, que dan 5,6 agresiones por cada 1000 médicos, lo que supone una de las tasas más altas de España, para vergüenza de los melillenses. Afortunadamente en otras categorías, aún existiendo, las agresiones sufridas no ponen a Melilla en los lugares altos de tan negativa clasificación.
En la frase de Tomás Cobo, presidente de la Organización Médico Colegial (O.M.C.) con motivo de la fecha reivindicativa: “Tenemos que dar una vuelta a esto, necesitamos un cambio cultural”, se resume la imprescindible implicación de la sociedad civil. Hagamos votos para que se logre que 2025 no sea un año más. Añado, no sobra nadie en la lucha contra esta lacra y no puede faltar el esfuerzo de nadie en ella.
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