Por: Miguel Rivas
Abderrahim Mohamed asegura que el informe de la Abogacía del Estado «no es vinculante» y afirma que la Ciudad asumió dichas competencias en su momento al tratarse de un asunto “humanitario”
«Tras afirmar (el Tribunal Supremo) que la asistencia social es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, se estableció que, no obstante, el Estado, en la medida que existan problemas peculiares que requieran un planteamiento global, puede intervenir al respecto». Esta es la explicación que Mohamed ofrece en respuesta al informe que la Abogacía del Estado emitió el martes en el que confirmaba que era «competencia exclusiva» de la Ciudad Autónoma la «asistencia social» de los menores extutelados. «El Estado tiene la capacidad para poner su poder de gasto al servicio de una política de asistencia social en el ejercicio soberano de la función legislativa presupuestaria», argumenta.
Un día después de que la Abogacía General del Estado comunicara en un informe de 23 páginas que la competencia de los menores extutelados y la «asistencia social» de estos está «indubitadamente atribuida» a la Ciudad Autónoma de Melilla, la Viceconsejería del Menor, a través de su máximo representante, Abderrahim Mohamed, responde que dicho informe «no es vinculante», pero que se asumieron dichas competencias al tratarse de un asunto «humanitario».
«El ámbito competencial no abarca la asistencia social. En todo caso sería la Consejería de Políticas Sociales, pero no la Viceconsejería del Menor y Familias, la cual no tiene competencias en este aspecto», afirma Mohamed, quien explica que en el artículo 21.1 del Estatuto de Autonomía de la Ciudad se habla de que la Ciudad de Melilla «ejercerá competencias sobre determinadas materias», siendo el punto 18 de asistencia social, y el 19 de Sanidad e higiene. «Ni asistencia social, ni Sanidad e higiene es competencia de Menores. En todo caso corresponde a otra Consejería», añade.
Según revela el viceconsejero, independientemente de dicho informe, el Gobierno local pidió a la letrada de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma que emitiese un informe en lo referente a esta cuestión. Dicho informe hablaba de que el principal problema en la regulación de los menores es que están situados entre dos sistemas: el de protección y el de inmigración». Estos sistemas pueden «llegar a colisionar» por estar fundamentados en principios contradictorios, que son el de protección y control. «Al final de ese informe, la letrada mencionaba que la Ciudad Autónoma no tiene competencia alguna sobre los extranjeros en territorio español», añade.
Mohamed menciona varias sentencias del Tribunal Supremo concerniente a este asunto para afirmar que, aunque la asistencia social es «competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, se estableció que el Estado, en la medida que existan problemas peculiares que requieran un planteamiento global, puede intervenir al respecto, pero respetando las competencias propias de la Comunidad Autónoma».
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