Categorías: Educación

La Universidad de Granada pone en marcha nuevos protocolos para combatir el acoso sexual y laboral

La Universidad de Granada (UGR) ha aprobado en Consejo de Gobierno dos nuevos protocolos clave en la lucha contra el acoso y las violencias en el ámbito universitario. El primero está orientado a la prevención, protección y actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de género y a otras conductas contrarias a la libertad sexual, así como a la erradicación de las violencias sexuales y de género en la institución. El segundo aborda de manera específica la prevención, intervención y protección en casos de acoso laboral.

Ambos documentos buscan ir más allá de una simple actualización normativa para convertirse en pilares fundamentales de la estrategia institucional contra estas formas de violencia, reforzando la confidencialidad, agilizando los procedimientos y ofreciendo una protección más sólida a las víctimas.

Según explicó en rueda de prensa la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Mar Venegas, la transición del protocolo de 2016 al de 2025 responde a un análisis profundo de la experiencia acumulada. Mientras que el marco anterior trataba el acoso de manera genérica, los nuevos textos diferencian y especializan el abordaje del acoso sexual y por razón de género, por un lado, y del acoso laboral, por otro. De esta forma, se da respuesta tanto a las demandas sociales como a los cambios en el panorama legislativo.

La nueva normativa amplía su base legal, incorporando las disposiciones más recientes, y asume una política de tolerancia cero. Entre las principales mejoras destacan la creación de una ventanilla única para evitar la revictimización, la agilización de plazos y el refuerzo de la confidencialidad y del acompañamiento profesional. La Unidad de Igualdad y Diversidad (UID) asume desde ahora las funciones que desempeñaba la Oficina de Prevención y Respuesta ante el Acoso.

En cuanto a los procedimientos, el protocolo sobre acoso sexual y de género establece un plazo máximo de 30 días para la resolución de cada caso. Por su parte, el protocolo contra el acoso laboral fija un proceso más ágil, de 10 + 21 días, ampliables si interviene el Comité Asesor, con fuertes garantías de protección y bajo la coordinación de un equipo de expertos del Servicio de Salud y Prevención de la Delegación del Rector para la Salud y las Relaciones con el Sistema Sanitario.

La estrategia se articula en torno a tres ejes: prevención (mediante educación y sensibilización), protección (garantizando seguridad y apoyo a las víctimas) y actuación (con medidas rigurosas de investigación e intervención).

Una de las novedades más significativas es la creación de una Comisión de Evaluación y Seguimiento, encargada de elaborar un análisis estadístico anual, anónimo y riguroso de los casos. Este informe tendrá una función no solo cuantitativa, sino estratégica: identificar perfiles de riesgo, detectar colectivos vulnerables y aportar datos objetivos que permitan mejorar y actualizar los protocolos de manera continua, asegurando que se mantengan vivos y adaptados a la realidad cambiante.

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