La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indicado en un informe que los mensajes de WhatsApp del teléfono móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se borraron «hasta dos veces» el pasado 16 de octubre, mismo día que el Tribunal Supremo (TS) le abrió causa.
«No se han encontrado mensajes anteriores al 16.10.2024 en la aplicación de mensajería WhatsApp del dispositivo», dicen los investigadores en un informe entregado al instructor del caso, Ángel Hurtado. En el mismo, detallan que «el mensaje más antiguo es de las 15:04» horas de ese mismo día.
Para la UCO, «la falta de mensajes anteriores al 16 de octubre del 2024 en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp se debe, fundamentalmente, al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones, siendo realizada esta acción hasta en dos ocasiones el indicado día 16 de octubre».
Hurtado ordenó a la Guardia Civil recabar el tráfico de llamadas del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo, así como intentar recuperar el contenido de los mensajes de WhatsApp de esos días.
En informes aportados a la causa, la UCO ya indicó a Hurtado que había hallado «cero mensajes» en el teléfono móvil del fiscal general y lo achacó a un borrado que, posteriormente en su declaración del pasado 29 de enero, García Ortiz reconoció achacándolo a razones de seguridad. «Los datos de mi terminal son datos ultra sensibles», dijo al magistrado.
En uno de esos informes anteriores, la UCO también alertó a Hurtado de que el fiscal general del Estado cambió de teléfono móvil el pasado 23 de octubre, justo una semana después de que el TS le abriera causa. En su declaración, expuso a Hurtado que había cambiado de terminal unas cinco o seis veces desde que desembarcó en la FGE.
A este respecto, en el último informe, la UCO explica que «el día 23 de octubre de 2024 el dispositivo analizado ‘comienza su actividad’ y toda la información que contiene el teléfono con anterioridad a esta fecha ‘se considera información procedente de este dispositivo u otros dispositivos utilizados con antelación, pudiendo obtener la información de copias de seguridad restauradas en el terminal analizado».
Así, el Instituto Armado aclara que «no es posible recuperar mensajes borrados anteriores al 16.10.2024, puesto que nunca han existido en el dispositivo analizado».
Además, la UCO informa al Supremo de que tampoco ha sido posible conseguir la información acumulada en la cuenta personal de correo electrónico de García Ortiz «debido a la eliminación deliberada» de la misma, recalcando que «ha sido eliminada recientemente», si bien apunta que «quizá se pueda recuperar».
Respecto a esta cuenta de ‘email’, cabe recordar que fue la misma a la que la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada, le reenvió a las 21:59 horas del 13 de marzo los correos electrónicos que se intercambió el fiscal Julián Salto con la defensa de Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Según consta en el sumario del caso, la propia Rodríguez los recibió de Salto a las 21:54 del 13 de marzo y ésta se los reenvió a García Ortiz minutos después a dicha dirección de ‘email’.
Esa noche, desde la Fiscalía General del Estado (FGE) estaban intentando verificar si, tal y como publicó ‘El Mundo’ a las 21:29, Salto había ofrecido un pacto a González Amador a cambio de que reconociera los delitos fiscales por los que le investigaba. Sin embargo, un ‘email’ del 2 de febrero de 2024 enviado por la defensa a la Fiscalía de Madrid evidenció que fue al revés.
Las llamadas de García Ortiz
Por otro lado, la UCO pone de relieve que un periodista, que al filo de la medianoche informó sobre ese ‘email’ del 2 de febrero, llamó a García Ortiz a las 21:38 de ese 13 de marzo, antes de que al fiscal general le llegara el citado correo electrónico, pero que no tuvo respuesta de García Ortiz.
La UCO también pone el foco en las llamadas que se intercambiaron García Ortiz y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, también imputado, entre el 11 y el 12 de marzo.
Cabe recordar que Villafañe fue quien el 8 de marzo requirió a la Fiscalía de Madrid toda la documentación referida a las pesquisas contra González Amador. La UCO concluyó que, como la FGE ya tenía ese material en esa fecha, la filtración de la noticia de que se investigaba al empresario por delitos fiscales –que se publicó a las 6:00 horas del 12 de marzo en eldiario.es–, tuvo que partir de la FGE.
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