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Opinión

La sentencia del TC, un jarro de agua hirviendo en verano

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Pedro Sánchez en el congreso de los diputados

Allá por junio de 2020, y en esta sección, citaba lo que la pandemia había supuesto y aún supone, en la dedicación de recursos de todo tipo para afrontarla -públicos, y también privados-, y citaba entre ellos la ingente normativa legal gestada al efecto; en concreto y a fecha de 19 de junio de 2020, ya eran 102 disposiciones de diverso rango, hoy se puede haber multiplicado por tres el dato. El pilar maestro sobre el que se basó todo, fue el R.D. 463/2020 declarando  el estado de alarma.

Pasados ya más de 15 meses, el Tribunal Constitucional (TC) ha sentenciado que aquel estado de alarma no fue acorde a derecho, y ello puede tener consecuencias inimaginables, porque está claro que se abre una puerta legal a reclamaciones individuales y colectivas, en las que las gremiales y/o empresariales, pueden tener un efecto devastador sobre las ya maltrechas cuentas públicas, sirvan de ejemplo las anunciadas por los grupos Meliá y NH.

Dejando ese posible efecto económico, sí es seguro el efecto sobre la opinión ciudadana, que ve cómo el gobierno ha tenido tiempo y voluntad de producir ingente normativa legal, incluídas leyes controvertidas sobre educación -una más-, y sobre la eutanasia; sin embargo no los ha tenido, para elaborar la norma que permitiera actuar con seguridad jurídica en la protección de la salud pública, tan demandada por todas las C.C.A.A.. Y para agravarlo más, ahora resulta que aquel estado de alarma declarado en marzo de 2020, se hizo de espaldas a la legislación vigente.

Resulta curioso el repetido dato del número de muertes evitadas -450.000-, por un gobierno que no sabe siquiera contar las muertes que la epidemia ha causado en España -130.000 según fuentes oficiales, frente a las 80.000 que da el gobierno-; siendo innegable el efecto positivo, que aquel estado de alarma produjo sobre la evolución de la epidemia en España, ésta no es la cuestión ahora, sino que debió ser otra la vía legal aplicada, para lograr ese o un mayor objetivo en la prevención y control de la epidemia.

Al contratiempo sufrido por el gobierno por la sentencia del TC, se une la desbocada carrera de los datos  de nuevos casos, que ni permiten disfrutar las vacaciones estivales a la población-algo que es ya imprescindible-, ni afrontar con optimismo el verano a nuestro sector turístico; ello es un duro y rotundo revés a la estrategia de la normalización que preside la acción del gobierno.

 No ha debido pasar mucho tiempo, para que ya se busquen responsables de  lo que está ocurriendo, y no puedo olvidar el intempestivo anuncio personal del presidente Sánchez, de la “caída de la mascarilla” ¡hasta 10 días antes de su entrada en vigor! Ello, en mi opinión, tuvo desastrosos efectos sobre el comportamiento de nuestra población, y en especial de los más jóvenes.

Ahora sólo queda esperar el resultado de la carrera, entre el reguero de contagios de la nueva variante y la vacunación de la población; personalmente soy optimista en el resultado de la misma, porque jugamos en casa, otra cosa será cuando el figurado partido se juegue fuera, ya que la tasa de vacunación protectora tardará años en lograrse a nivel mundial, y éste es el peligro que nos acecha a todos.

N.A.- Cuando los melillenses que tenemos la fortuna de tener trabajo, debíamos estar preparando o disfrutando las vacaciones, una nueva oleada de contagios recorre España, por ello hay que ser muy precavidos en nuestros viajes y no bajar la guardia, o sea, que usemos la triada 3M (mascarilla-higiene de manos-metros). ¡Y al regreso tests!

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