La reforma para derogar la sedición y dos leyes sobre trata y Justicia, vías más rápidas para retocar el ‘solo sí es sí’

La reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición, una ley para endurecer las penas de trata en casos de conflicto bélico o catástrofe natural y otra sobre la eficiencia del Servicio Público de Justicia, serían las vías más rápidas para retocar la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como Ley de ‘solo sí es sí’, un cambio que, si bien no resolvería los casos de revisión de penas a violadores de forma retroactiva, sí evitaría que se impusiesen penas más bajas a los futuros delincuentes sexuales.

Tras las declaraciones que este martes ha realizado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que se abre a realizar «ajustes técnicos» a la Ley de ‘solo sí es sí’, una vez se pronuncie el Tribunal Supremo sobre el tema, se abren diferentes escenarios para la reforma de esta ley que entró en vigor el pasado 7 de octubre.

Estos ‘ajustes’ solo se pueden realizar a través de otra ley orgánica que se esté tramitando en el Congreso o en el Senado y, preferiblemente, que se encuentre en el periodo de presentación de enmiendas. Esto lo haría más sencillo, ya que cada grupo parlamentario podría realizar una propuesta al respecto.

Aún así, si este periodo hubiera terminado, al Ejecutivo le quedaría la fase de ponencia, el órgano en el que grupos parlamentarios debaten y acuerdan las enmiendas, en donde se podría consensuar un texto transaccional con los cambios, y que se uniría al paquete de propuestas para su votación en comisión y Pleno.

Las iniciativas que mejor se sitúan para realizar un cambio rápido del ‘solo sí es sí’, evitando así penas más bajas para los nuevos delincuentes, sería la reforma del Código Penal que se está tramitando en el Congreso, y que contiene la derogación del delito de sedición. Esta iniciativa aún tiene abierto su plazo de enmiendas hasta el viernes 9 de diciembre, y, dada su tramitación por la vía de urgencia, estaría aprobada, tras su paso por el Congreso (en el Pleno del 20 de diciembre) y el Senado (en el Pleno del 27 de diciembre), antes de que acabe el año.

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