La privatización de AENA, comienza la cuenta atrás

El próximo mes de Noviembre, está previsto que finalice la operación para privatizar los aeropuertos españoles. Ya ha empezado la cuenta atrás para que una de las empresas públicas que más beneficios reportan al Estado, sin que éste invierta un sólo euro de los ciudadanos para la prestación de los servicios que ésta realiza, pase a manos privadas. Así es, está a punto de finalizar la operación que comenzó el anterior Gobierno y lo culmine el actual y expolien a los ciudadanos y ciudadanas la mayor empresa pública que posee el Estado, para entregarla a manos de unos pocos. Es una operación que sitúa los intereses económicos privados por encima de los derechos y necesidades sociales y económicas colectivas y aleja los procesos de tomas de decisión del conjunto de las instituciones, dejándolas en manos de unos pocos a quienes lo único que les mueve es ganar dinero y engordar sus cuentas.

Hoy por hoy, Aena pertenece a todos y todas, en unos meses será de los de siempre, de las grandes fortunas. Una empresa que pese haber sido valorada sólo hace cuatro años en 30.000 millones de euros, ahora lo hace el actual gobierno por debajo de los 16.000 millones. A esa cantidad, se ha restado la deuda de AENA y así el Gobierno ha situado el coste de toda la red de aeropuertos para su venta entre 4.000 y 5.000 millones de euros. Con lo que después de vender prácticamente la mitad de las acciones, ya que la privatización de momento es sólo es 49 %, las arcas públicas solamente ingresarán una cantidad inferior a los 2.500 millones de euros.

El ejemplo gráfico de la terminal T4 del Aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid-Barajas es muy significativo. El coste de su construcción fue muy superior a los 6.000 millones de euros; mientras ahora, con la valoración del Gobierno, si se vendiera el 100% de AENA el Estado ingresaría menos de 5.000 millones de euros. Vender toda la red, no llegaría ni para recuperar lo invertido en la obra de la T4.

Es una operación perfecta para las grandes fortunas, ya que después del esfuerzo inversor realizado por Aena pública, se encontrarán con unas instalaciones modernas y rentables y sitúa a la operación como un regalo a los inversores y más cuando se estima que las arcas del Estado no llegarán a ingresar ni 2.500 millones de euros a final del proceso privatizador. Un regalo de bienes públicos, de riqueza pública, de forma premeditada en una empresa que ya en el año 2013 ha obtenido un beneficio neto de 715 millones de euros.

Esta operación no va a suponer mejoras ni en las instalaciones, ni en el funcionamiento de los aeropuertos, todo lo contrario y lo que hoy por hoy, no cuesta un solo euro al ciudadano (sólo paga quién viaja), nos costará a todos y todas. Los inversores, ansiosos
de obtener máxima rentabilidad no permitirán aeropuertos deficitarios abiertos, sólo invertirán en aquellos que le reportan importantes beneficios y para mantener abiertos aquellos que no lucran lo suficiente o los deficitarios, serán los ciudadanos y ciudadanas quienes a través de los Ayuntamientos, Diputaciones o Comunidades Autónomas (Ciudad Autónoma en nuestro caso), quién tenga que negociar con la futura empresa privada para mantener unas condiciones mínimas de operatividad. También subirán de modo exponencial las tasas aeroportuarias (ya lo ha dicho la CNMV en su último informe), lo que irremediablemente repercutirá en el precio del billete de avión ya de por sí caro para los melillenses e indudablemente bajará la inversión en nuestras instalaciones.

En resumen, Aena es una empresa que nos pertenece a todos y todas, no cuesta un euro al ciudadano, ya que NO se financia de los PGE, obtiene beneficios y todos esos beneficios se utilizan para nuevas inversiones, manteniendo aeropuertos por sí solo deficitarios, pero que dentro de la red de Aena, se mantienen. Con su venta, Aena pertenecerá a los de siempre, a unos pocos que son los que más tienen, habrá peligro cierto de cierre de algunos aeropuertos y un pérdida en inversiones en aeropuertos deficitarios y para que esto no ocurra habrá que subvencionarlos con dinero público, se encarecerá más el transporte aéreo y una gran parte de los beneficios no revertirán en nuevas infraestructuras, irán a parar a sus nuevos propietarios.

Este es el mayor expolio ocurrido en nuestro país en los últimos 15 años, que no se justifica más que por cuestiones ideológicas. Si no se para ahora, tendremos que lamentar una vez más, como el poder de los mercados somete al interés general.

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