La preocupación por la corrupción se dispara por el ‘caso Cerdán’ y es el segundo problema, la tras vivienda

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso presentado por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para salir de prisión provisional al considerar que persiste el riesgo de destrucción de pruebas, según han confirmado a Europa Press fuentes fiscales.

Las citadas fuentes indican que, en su escrito, el Ministerio Público impugna los motivos expuestos por la defensa de Cerdán, incidiendo en que, si se acordase su libertad, podrían alterarse o destruirse fuentes de prueba. El instructor atribuye al exsocialista presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

El responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, pidió el pasado 30 de junio el ingreso de Cerdán en prisión provisional y sin fianza, al considerar que era «el jefe de la presunta organización criminal». Fuentes jurídicas explicaron a Europa Press que, en la vistilla celebrada en el Supremo tras su declaración el Ministerio Público apreció riesgo de fuga y aseguró que existía riesgo de destrucción de pruebas.

De esta forma, Anticorrupción fue un paso más allá que con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García, para quienes solo pidió prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial, medidas cautelares que se ratificaron.

El fiscal subrayó que las conversaciones y mensajes en los que se basa su imputación son «explícitos», por lo que consideró ofensivo que Cerdán insinuara que es víctima de una persecución política.

En la vistilla, el fiscal sostuvo que se valió de Ábalos y García para penetrar en un Gobierno que en realidad le era ajeno y, concretamente, en el ministerio con mayor presupuesto, para actuar en su beneficio y el de otros.

Durante su comparecencia, que duró en torno a hora y media junto a la vistilla de medidas cautelares, y en la que solo contestó a las preguntas de su abogado –ni siquiera a las de juez y fiscal–, el ex dirigente socialista negó cualquier implicación en la adjudicación ilegal de obra pública, así como en el cobro de mordidas.

Fue el pasado 3 de julio cuando la defensa de Cerdán pidió que fuese puesto en libertad de forma «inmediata» alegando que no hay «indicios suficientes» sino una «causa general» en su contra. El instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, le envió a prisión provisional al considerarle el presunto cabecilla de una trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

En el recurso, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, la defensa de Cerdán sostenía que se trata de «una prisión provisional adoptada sin indicios de criminalidad suficientes» y, por tanto, «incompatible con la presunción de inocencia».

Denunciaba que «la apreciación del instructor es en todo momento contra reo», acusándole de asumir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra Cerdán de forma «acrítica». «La perspectiva asumida en todo momento por el órgano jurisdiccional es netamente inquisitiva», añadía.

Este mismo jueves, el Partido Popular, que ejerce la dirección letrada de las acusaciones populares en el ‘caso Koldo’, también se opuso al recurso del exsocialista alegando que es «inasumible» que argumente que es víctima de una causa general, recalcando que «no es una causa política, es una causa de corrupción» sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública.

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