Agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla han detenido a cuatro personas como presuntos autores de delitos de falsedad documental y usurpación del estado civil por falsos empadronamientos.
En una nota de prensa, el cuerpo policial ha explicado que la operación se originó a raíz de una denuncia presentada por una ciudadana en la jefatura de policía de la ciudad autónoma por la posible comisión de una infracción penal, informando que a una mujer resiente en Melilla le cambiaron su empadronamiento por Barcelona “sin su conocimiento”.
El objeto del empadronamiento ilícito, ha proseguido, estaría relacionado con “un matrimonio fraudulento” que la investigada, de nacionalidad española y residente en Barcelona, concertó con un ciudadano marroquí para que éste pudiera obtener así la nacionalidad española, hechos por los cuales ya había sido detenida, y que al no ser hallada quedó pendiente de su localización para detención.
Ha agregado que en el transcurso de la investigación se confirmó la participación de una tercera persona de nacionalidad dominicana que también participó en los trámites documentales ilícitos, por lo que fue detenido.
En otra investigación de la misma unidad que data de mediados de julio, la Policía Nacional recibió información ciudadana sobre los indicios de fraude en la solicitud de empadronamiento de un ciudadano marroquí con residencia legal en España, que tramita una solicitud para darse de alta en un domicilio de Melilla con la intención final de renovar la autorización de residencia de la que disfruta.
Los agentes policiales procedieron a la detención de dos personas por su participación en un delito de falsedad documental que supuestamente cometieron para la formalización de un contrato de arrendamiento de vivienda del que se ha acreditado que era “ficticio” para que el arrendador pudiese realizar una solicitud de empadronamiento a la vivienda supuestamente alquilada.
La Policía ha constatado indicios de falsedad documental en este caso al determinar que, el supuesto arrendador, quien regenta una asesoría en la ciudad autónoma, alquilaba una vivienda que gestiona y administra con autorización de sus propietarios por ser estos clientes de su negocio.
Finalmente, los investigadores han demostrador que se trataba de un “contrato simulado”, por lo que se procedió a la detención tanto del supuesto arrendador como de presunto inquilino.
Ambos atestados policiales fueron remitidos al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 4 y 1, respectivamente, de los de Melilla, incoándose los consiguientes procedimientos judiciales.
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